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29 de marzo de 2018

LAVADO I: CÓMO ERA LA RUTA PARA EL PRESUNTO DESVÍO DE LA PAUTA OFICIAL

La causa de lavado de activos agravado, que lleva adelante la Justicia Federal y que tiene como principales protagonistas al exsecretario general de la Gobernación, Horacio Rey y al subsecretario de Comercio, Roberto Lugo, puso en el tapete una cuestión particularmente sensible para todos los gobiernos: la pauta publicitaria. La “pauta” es ni más ni menos que el dinero que se le paga a los medios para difundir los actos de gobierno.

Según la acusación del fiscal Sabadini, Horacio Rey, tenía detentaba un “absoluto control y discrecionalidad” para establecer las listas de contrataciones y asignación de pautas publicitarias oficiales, como así “disponer el pago de las mismas”. Foto: archivo

 

En este marco, la sospecha del fiscal Patricio Sabadini apunta a que gran parte de los fondos destinados a tal fin fueron direccionados a fundaciones y empresas fantasmas, y luego, ese dinero ilícito era introducido en la economía formal a través de distintas operaciones de lavado de dinero (con la compra de lanchas, por ejemplo). También apuntó a medios de comunicación y agencias de publicidad conocidas a quienes señaló como muy afines a Horacio Rey.

 

La acusación del fiscal, al que tuvo acceso CHACO DIA POR DIA, afirma que Rey detentaba un “absoluto control y discrecionalidad” para establecer las listas de contrataciones y asignación de pautas publicitarias oficiales, como así “disponer el pago de las mismas”.

 

Esta actividad era realizada conjuntamente con el contador Gustavo Katavich, personal de la Fiduciaria del Norte SA y a quien Rey habría afectado a la coordinación del Fideicomiso de Pauta Publicitaria Oficial (FAPPO).

 

En este entramado aparece el exsubsecretario de Comunicación y Medios, Paulo Buttice. Actualmente detenido por orden de la justicia provincial, Buttice dependía de Rey y tenía la función de certificación de los servicios prestados, que se realizaba con carácter previo al pago de la pauta.

 

Para el fiscal, Rey y Katavich crearon un sistema informático de administración y gestión de este fideicomiso, que se dio en llamar “Fappo Gestión” y funcionaba de manera paralela al sistema contable existente anteriormente llamado “SAP” y al cual ambos tenían acceso irrestricto.

 

Es decir que, según la acusación, ellos mismos decidían a quién pagar y a su vez controlaban que esas empresas cumplan con el (en teoría) servicio prestado al Estado, en un sistema totalmente paralelo al de la Fiduciaria del Norte.

 

El mecanismo

 

En cuanto al mecanismo de pago, según la acusación fiscal, Rey ordenaba a quienes pagar de acuerdo a la disponibilidad de los fondos. La instrucción de pago se confeccionaba en una lista y se remitía a Fiduciaria del Norte, el que luego era completado por el Vicepresidente y la Gerente General para su trámite.

 

Teniendo el manejo de dicho Fideicomiso y sistema de gestión, habrían implementado un esquema para el retorno ilícito de dineros públicos, lo que se concretó a través de la contratación y pago a fundaciones creadas a este fin, y a Fundaciones y Sociedades apócrifas -o sin actividad real- que facturaron servicios inexistentes, entre las que se encuentran (según la acusación del fiscal) las Fundaciones Volver a Empezar, Fundación Miqueas, Fundación Servir y Crecer, Chaco Digital, Praxton SA, Picarla SA, Selectiva SA y Framuna SA.

 

Sabadini también remarcó que el esquema se integró con la contratación de medios de comunicación “afines” que habrían recibido mucho dinero de pauta publicitaria, entre los que se encuentra la firma Brandon, propiedad de Facundo Gil (acusado de ser partícipe secundario), y los medios Radio Libertad y Primera Línea. Para dar una idea de lo que sucedía, el fiscal informó que la fundación Servir y Crecer facturó los servicios de una empresa de publicidad de Barcelona “Ideograma”, por la suma de U$S 17.600 (unos 352 mil pesos).

 

Para cerrar el circuito, dentro de esta presunta estructura ilícita se habría logrado logró establecer la intervención del contador Cesar Zibecchi (con pedido de captura) y su hija Patricia Raquel Zibecchi quienes habrían desempeñado un rol fundamental en la creación de Fundaciones apócrifas, como así en el circuito de cobro de los pagos que el FAPPO libraba a las mismas y la gestión del retorno ilícito de dichos fondos.

 

¿Cómo surgen entonces los nombres del ministro Ocampo y de su esposa? De acuerdo a la acusación, la Secretaría General de la Gobernación era autoridad de aplicación y fiduciante. Este, así como los demás fiduciantes, podían nutrir al Fondo de Pautas. Pero cuando los incrementos provenían de Rentas Generales, requerían de la intervención del Ministerio de Hacienda, a cargo del ministro de Hacienda, Cristian Ocampo, para controlar que exista factibilidad presupuestaria. (Cabe recordar que Ocampo está imputado en esta causa por fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionarios público).

 

En cuanto a las contrataciones, Rey elaboraba la lista de medios y la remitía a Fiduciaria. El listado era firmado luego por el vicepresidente del Directorio y la Gerente General de Fiduciaria, en este último caso, por Alicia Vázquez, esposa del ministro Ocampo, luego reemplazada por Gustavo Katavich.

 

Fuente: http://www.chacodiapordia.com

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