La medida, inédita en el país, es parte de un paquete de leyes, que el gobierno de Alfredo Cornejo (UCR) envió a la Legislatura. En el caso de la norma que pretende cobrar los gastos hospitalarios, fue aprobada el miércoles pasado y aguarda la reglamentación en las próximas semanas para empezar a usarla.

El ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero, contó que estas disposiciones se enmarcan en un plan de 26 leyes, que han conseguido consenso político, para el fortalecimiento de recursos humanos, inversiones en salud y mejoras en los procesos tecnológicos del ministerio.

"Creamos un ente público que centralizará todos los cobros, de los pacientes que se atiendan en los hospitales y centros de salud públicos, ya que todos los efectores pequeños no pueden hacerlo con la Superintendencia de Salud por la nueva disposición nacional", explicó el ministro.

En esos cobros, aparece la decisión del recupero de las prestaciones de salud que se otorgaron a conductores que estaban bajo los efectos del alcohol, drogas o sedados.

Mendoza tiene una tasa alta de siniestros de conductores que han superado los límites de alcohol en sangre permitido, con casos graves recientes como el de un automovilista borracho que atropelló y mató a un policía y a un agente de tránsito.

El test de alcoholemia del conductor que los embistió dio 2,68 gramos de alcohol por litro en sangre.

En la provincia del vino la legislación provincial permite conducir hasta 0,5% de alcohol en sangre, distinto a la ley de tránsito nacional que dispuso alcohol cero para salir a las rutas.

Un informe del Ministerio de Salud de Mendoza cuando se presentó el proyecto a principios de año, reveló que en promedio una persona que ha tenido un incidente de tránsito que requiere una semana de internación en terapia intermedia o intensiva, genera un costo aproximado de no menos de 15 millones de pesos en internación, estudios, medicación y tratamientos.

"El costo final puede ser superior si se trata de un siniestro que requiere terapia intensiva o varias intervenciones quirúrgicas y rehabilitación", explicó el ministro.

En caso de los extranjeros que se atiendan en hospitales públicos de Mendoza, si no se trata de una emergencia, el paquete de leyes establece que deberán pagar esa prestación.

El ministro Montero dijo que el impacto en el presupuesto de Mendoza de los extranjeros que concurren a hospitales públicos y centros de salud, es distinto al de algunas provincias del norte argentino: "apenas el 0,5% son pacientes de afuera".

En la ley que crea el ente recaudador de la Salud está previsto que se le cobre a toda persona que no tenga residencia en Argentina. Excepto cuando se trate de una emergencia médica, a la que sí se dará cobertura gratuita.

La ley fue aprobada el miércoles, por unanimidad, de la Cámara de Diputados de la provincia. Antes lo había votado a favor el Senado de Mendoza.

"El objetivo de esta Ley es recuperar “el costo que la violación de distintas normas genera en el sistema de salud público provincial”, según establece la propuesta enviada por el Ejecutivo mendocino.

Establece que el Ministerio de Salud y Deportes, a través del Ente Reforsal, creado por Ley Nº 9535, podrá realizar el cobro o recupero de las prestaciones de salud que se hubieran realizado en los efectores del sistema de salud público en beneficio del conductor que bajo los efectos del alcohol por encima de los límites permitidos en la Ley de Tránsito, participe u ocasione un accidente de tránsito.

La norma aclara que la disposición de cobro es para la conducción de automóviles, bicicletas con o sin motor, motocicletas o ciclomotores y transporte de pasajeros y de carga, Y que incluye a los conductores que estén bajo los efectos de psicotrópicos, estupefacientes, estimulantes u otras sustancias análogas, entre las que se incluirán, en cualquier caso, los medicamentos u otras sustancias que alteren el estado físico o mental apropiado para circular sin peligro.

Según la fundamentación de la ley, una de cada cuatro muertes en accidentes de tránsito está vinculada a conductores bajo los efectos de intoxicación alcohólica o por estupefacientes.

En el caso que la persona que conducía alcoholizada tenga cobertura sanitaria privada, el cobro será a la obra social o prepaga.

El diputado radical Franco Ambrosini dijo: "Si la persona involucrada no tiene obra social y no puede pagar los gastos del hospital, se le iniciará un proceso judicial y será embargado".

Y aclaró el legislador que si el que provocó el accidente bajo los efectos del alcohol o sedado, no tiene seguro vigente y al día en su vehículo, también deberá hacerse cargo de los costos de internación de los terceros que se hayan visto involucrados en el incidente vial.