En la Agencia Nacional de Seguridad Social (Anses), se registraron 320 despidos en diversas oficinas en todo el país, y se espera que esta cifra pueda aumentar en los próximos días y semanas, según informaron fuentes oficiales al medio La Nación. 

La reducción de personal se extenderá a otros niveles de la administración pública, conforme a un decreto presidencial emitido a finales de diciembre pasado. En este contexto, también se reportaron despidos en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

Los sindicatos estatales expresaron su preocupación, cuestionando la legalidad de estas medidas y exigiendo su reversión. Sin embargo, fuentes sindicales reconocieron en privado que la situación actual difiere de los recortes de empleo aplicados al inicio del gobierno Mauricio Macri. "Acá hay despidos más justificados y otros menos, pero claramente no es lo mismo", resaltó una fuente sindical en diálogo con La Nación. 

Por otro lado, un funcionario destacó que todos estos despidos corresponden a cargos políticos, señalando que las personas desvinculadas de la Anses fueron contratadas inicialmente en puestos de base para luego ascender rápidamente a posiciones de liderazgo durante la administración anterior. Detalló que en ocasiones se llevaban a cabo concursos falsos o ascensos directos, poco antes del cambio de gobierno.

Principalmente, los despidos afectan a los jefes de las Unidades de Atención Integral (UDAI) de la Anses, quienes fueron colocados en roles jerárquicos por la gestión anterior.

Desde la Casa Rosada comunicaron que, en muchos casos, los propios empleados de las seccionales proporcionaron información sobre nombramientos o ascensos irregulares.

Para el oficialismo, el movimiento de ingresos ocurrido entre 2020 y 2023 demuestra el carácter político de estos cargos. Aunque reconocen que este esquema se utilizó en otras áreas del Estado, sostienen que las circunstancias son diferentes, ya que la Anses tiene facultades propias para su gestión administrativa y financiera.

El Gobierno también apunta a que estas medidas no solo reducirán los cargos en el Estado, sino que también actuarán como "un freno a La Cámpora", a la que responsabilizan de haber colocado a sus militantes en diversos organismos y dependencias, especialmente en la Anses y el PAMI.