Daniela Arguello, una de las vecinas y damnificada manifestó: “Esto surge en el año 2010 cuando el gobierno de turno en ese momento  atendió nuestro pedido de edificar en este lugar, en esta hectárea de terreno. No dieron la orden de que sí, pero en nuestra ignorancia no nos dimos cuenta de que esto solo fue de palabra, nunca fue algo firmado. Nosotros vinimos, creamos nuestros asentamientos, tenemos nuestra casa y en el día de hoy somos más de treinta familias vecinas viviendo en este lugar. Hace seis años nos llegó un día una cedula de notificación donde nos informaban de que esto no era fisco sino privado. A raíz de esto comienza un juicio mediante el cual estamos con orden de desalojo. En el juzgado civil y comercial figuramos como usurpadores. Desde el juzgado vinieron a constatar la cantidad de familias chicos y las condiciones de vida. En el 2020 ante la seriedad del tema nos acercamos a la intendencia le planteamos la situación al ejecutivo. A su vez al año siguiente nos dirigimos al señor gobernador pidiendo alguna solución, aquella vez hubo un principio pero paso un año y medio de puras promesas. La semana pasada apareció el dueño haciéndonos saber que él había hecho una oferta al municipio pidiendo que se compre la hectárea que nosotros estamos habitando a un precio accesible y para que el juicio no continúe y no se pierdan todas las construcciones. La respuesta desde el municipio fue que es una cuestión privada y que tenemos que arreglar con el dueño y con el juzgado. El dueño dice “yo les vendo, yo pido tanto y quiero el 60% de entrega” y nosotros no estamos económicamente posibilitados de hacer esa operación. Pedimos a nuestros gobernantes que nos ayuden, que si este señor está dispuesto a vender esta tierra que traten de llegar a una solución. Mientras tanto el juicio avanza y cuando esto se resuelva en contra de nosotros y el desalojo sea efectivo ahí realmente nosotros vamos a pasar a ser un problema porque vamos a ir con todos nuestros hijos a la plaza. Tampoco pretendemos que nos regalen, queremos que el municipio nos dé una mano, que trate de comprar las tierras, que se pare el juicio y que el día de mañana se nos haga un plan de pago acorde a nuestros bolsillos, que nos den a pagar pero que no nos dejen en la calle. Nosotros no sabíamos que esto era propiedad privada, fuimos utilizados políticamente en su momento.”