Mediante el Decreto 2076, el Ejecutivo provincial decretó la Emergencia en materia de Seguridad Pública y Penitenciaria en todo el territorio de la Provincia del Chaco durante un año y fundamenta esta decisión en la "insuficiente capacidad instalada" en servicios penitenciarios o centros de readaptación y en el aumento de hechos delictivos.

El Gobierno explicó que la detección de "nuevas modalidades delictuales" y la "realidad del delito" encontró al Estado "con una capacidad limitada para dar respuesta satisfactoria a las demandas sociales de mayor seguridad".

Uno de los temas más importantes en esta Emergencia refiere al hacinamiento en centros de detención donde se alojan a personas alojadas transitoriamente, otras imputadas sin condena y también condenadas. "La crítica situación generada requiere de la adopción en forma urgente de medidas que tengan por objeto brindar una solución inmediata a la problemática planteada, requiriendo en consecuencia, incrementar la capacidad de instalada y de alojamiento", expresa el instrumento. 

Por otro lado, el Ministerio de Seguridad reconoció el incremento en los índices delictivos vinculados al narcomenudeo y narcotráfico y repasó que por ello se comenzó a trabajar en 2022 en una "Mesa contra el Narcotráfico" en la que trabajan los distintos poderes del Estado. 

La situación respecto a las drogas –señalan- reviste "especial gravedad y hace necesario el dictado de medidas efectivas direccionadas a hacer frente al terrible daño social que las pequeñas organizaciones barriales producen en las personas que habitaban las zonas urbanas, capaces de generar un impacto en el mercado de la droga".

Por todo esto, y en pos de agilizar la adopción de las acciones necesarias, el Gobierno impulsa un plan de acción con 8 puntos "para el fortalecimiento de las instituciones policial y penitenciaria, y la potenciación de sus áreas operativas". También establece el Decreto, en su artículo 3, que desde este martes es obligatoria la validación de identidad digital a través de la plataforma Tu Gobierno Digital" (TGD) para la realización de Denuncias Digitales, a fin de permitir la verificación fehaciente de la identidad del denunciante.

Foto de archivo (ilustrativa)

En el artículo 10, el Ejecutivo insta a la Justicia, tanto provincial como federal, a que todos los vehículos secuestrados y entregados en depósito sean afectados al cumplimiento de la función de seguridad pública y ciudadana. Serán destinados a la Policía de la Provincia del Chaco o a las fuerzas de seguridad federales, según corresponda. Y deberán, sin excepción, estar identificados con la leyenda "Policía de la Provincia del Chaco", "PSA", "PFA", "GNA", "PFA", logo distintivo y número identificatorio en ambas puertas delanteras.

LOS 8 PUNTOS DEL PLAN DE ACCIÓN

1 - Operativos de Control Motovehículos: Plan de acción y prevención para delitos cometidos con la utilización de tal medio de transporte. 

Tal como viene ocurriendo hace unos días en zonas "calientes" y en horarios "críticos", la Policía controlará la identidad de conductores, titularidad y dominio del rodado y control de conductas adecuadas en circulación.

2 - Identificación Digital y Comisarías Digitales 

La validación obligatoria de la identidad en la plataforma del Gobierno, tiene que ver con la creación de 100 "comisarias virtuales" para realizar denuncias. Las mismas contarán con jefaturas operativas de seguimiento, "destinadas exclusivamente a dar rápida intervención ante la recepción de las denuncias digitales efectuadas con validación de identidad a través de la plataforma", detalla el Decreto.

3 - Integración Público – Privada 

El Gobierno se propone a "fortalecer" el sistema de video vigilancia y tendrá en cuenta en el sistema público a las del sector privado. Por Decreto N° 987/23 se estableció que las cámaras de videovigilancia instaladas por personas humanas o jurídicas privadas en inmuebles respecto de los cuales sean propietarios, poseedores o tenedores, que den y capten imágenes exclusivamente del espacio público, serán susceptibles de formar parte de la red de cámaras de videovigilancia perteneciente al Poder Ejecutivo provincial, a requerimiento del Ministerio de Seguridad y Justicia

De este modo se prevé: la incorporación de 300 cámaras de seguridad para totalizar 1500 de carácter público, las que junto a la incorporación de 2000 privadas, permitirán alcanzar una meta de 3500 aparatos en funcionamiento; con el objeto de detectar, bloquear, esclarecer delitos e infracciones, identificar personas sospechosas o desaparecidas e incrementar el nivel de protección de ciudadanos y ciudadanas

4 - Fortalecimiento del Sistema Integral de Videovigilancia - Cámaras 

5 -Corredores Seguros 

Dispositivo que se ejecutará en zonas escolares, turísticas y puntos de recreación, entre otros.

6 - Intervención de bienes muebles e inmuebles utilizados para la comisión o tentativa de delitos de narcotráfico y/o crímenes organizados 

Para combatir eficazmente el delito organizado, "resulta necesaria la desarticulación económica de las bandas criminales, a través de mecanismos legales que desemboquen en el desapoderamiento de aquellos bienes muebles e inmuebles que utilizan para llevar adelante sus objetivos delictuales, para ello se preverá vía Resolutiva los procedimientos a instrumentar por parte de la Policía del Chaco en forma coordinada con las reparticiones o dependencias judiciales que correspondieran en aquellos casos vinculados a narcotráfico y crimen organizado", señala el documento.

7 - Optimización de recursos humanos y materiales policiales afectado a tareas de prevención 

8 - Incremento de espacios destinados al alojamiento de las personas privadas de libertad en la órbita del servicio penitenciario y de readaptación social 

Establecieron el incremento de los espacios destinados al alojamiento de personas privadas de libertad dentro de la órbita del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social, a fin de permitir la desafectación de personal policial asignado a tareas de cuidado y custodia y de espacios dentro las unidades policiales destinados para su alojamiento, lo cual implica mayor disponibilidad de personal policial para ser afectado a tareas de prevención, previéndose a tal fin en un plazo de seis meses la generación de 850 nuevos cupos, mediante la construcción de 700 nuevas celdas de alojamiento y la incorporación de ciento cincuenta 150 camastros.