El proyecto de ley 3188/22 se basó en un trabajo conjunto entre la autora de la iniciativa y los fiscales de Villa Ángela, luego de un profundo análisis con la ministra del Superior Tribunal de Justicia María Emilia Valle, los cuales aportaron cifras y estadísticas del mapa del delito, evidenciando que dos fiscalías en la tercera ciudad del Chaco ya no alcanzan, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional y la complejidad de los delitos, donde la modalidad violencia de género al igual que en el resto de la provincia, sigue en aumento.

Este miércoles la legislatura convirtió en ley el proyecto de la diputada Ayala, quien destacó la importancia del logro para un mejor servicio de justicia.

Entre los fundamentos, la villagelense explicó que con este instrumento "se trata de aportar los recursos humanos e institucionales necesarios para garantizar la protección de los DDHH a los habitantes de Villa Angela que cuentan hoy solamente con dos fiscalías de investigación. Es imprescindible por ello asegurar más presencia del Poder Judicial sobre todo teniendo en cuenta el aumento creciente de delitos por razones de género que ha motivado que esta misma Cámara prorrogue la declaración de emergencia por este motivo hace no mucho", fundamentó.

La diputada señaló: "Es urgente que brindemos instancias de intervención del Estado que aseguren la investigación de los delitos y que garanticen al mismo tiempo plazos razonables de resolución a los propios imputados sometidos a estos procesos penales. Nada de ello es posible en Villa Angela si tenemos en cuenta que solo dos fiscalías deben procesar y gestionar todos los procesos de investigación que refieren a hechos de una población que ha crecido exponencialmente y en una sociedad también mucho más compleja que plantea necesariamente una intervención distinta desde el Estado para proteger bienes jurídicos que antes se desatendían o relativizaban".

2216 expedientes en cinco meses

Consideró, en materia penal "es necesario asegurar recursos disponibles tanto para garantizar la protección de los bienes jurídicos y su eventual reproche mediante la sanción penal en caso de violación, como para evitar que el sometimiento a proceso penal para custodiar aquellos bienes termine violando los DDHH de esas personas que son inocentes hasta que su estado de inocencia es destruido mediante sentencia firme".

Cabe remarcar – agregó Ayala- "que desde el 1º de enero al 9 de mayo de 2023, ya se tramitaron 2.216 expedientes, siendo radicados 1589 en la MUIIT, 263 en la fiscalía 1 y 308 en la fiscalía 3, por lo que refleja la imperiosa necesidad de habilitar una nueva sede fiscal ante la acumulación de causas".

"Villa Ángela creció exponencialmente y la creación de una fiscalía descongestionará demoras en los expedientes", concluyó.

Diario Norte