La industria del juicio acumuló en el último año 126.700 causas, con la Provincia de Buenos Aires liderando las estadísticas.
El Sistema de Riesgos del Trabajo cumplió 29 años de funcionamiento en medio de una crisis de litigiosidad que amenaza su sostenibilidad, según advirtió la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), que proyecta para 2025 un récord de 130.000 nuevas demandas judiciales, un fenómeno que ya representa un costo equivalente a casi siete millones de salarios mínimos.
La industria del juicio acumuló en el último año 126.700 causas, con la Provincia de Buenos Aires liderando las estadísticas (40%), seguida por CABA (19%) y Santa Fe (14%). La judicialización, señalan desde UART, está “desconectada” de las variables del sistema como siniestralidad, empleo o cobertura, y responde en cambio a pericias médicas infladas y tasas de interés judiciales que transforman cada juicio en una “oportunidad financiera”.
El sistema, que protege a 10 millones de trabajadores y un millón de empleadores, logró en estas casi tres décadas una baja del 81% en la mortalidad laboral (salvando 19.000 vidas), una reducción del 55% en la siniestralidad y del 39% en la gravedad de los accidentes.
Pese a estos logros, el sistema enfrenta una sobrecarga de 290.000 juicios acumulados y un flujo de demandas que, de mantenerse, implicará más de 10.000 nuevos litigios por mes. El costo económico es alarmante: entre junio de 2024 y mayo de 2025, la litigiosidad equivalió a 6.891.653 salarios mínimos, con un SMVM de $313.400 en junio pasado.
“La situación es absurda. A pesar de las mejoras del sistema, la litigiosidad sigue escalando sin lógica ni fundamento”, afirmó Mara Bettiol, presidenta de la UART, quien remarcó que ni las empresas ni el sistema pueden absorber este nivel de conflictividad.
Uno de los principales problemas identificados por la entidad es la falta de implementación de los Cuerpos Médicos Forenses (CMF) previstos por la Ley 27.348, lo que genera disparidad y falta de objetividad en las pericias. Provincias como Mendoza, Salta y Río Negro que sí avanzaron con ese mecanismo muestran niveles de litigiosidad más bajos.
La UART reafirmó su compromiso con la consolidación de un sistema justo y previsible, y llamó al Poder Judicial a completar su parte para preservar esta política pública exitosa. La meta, subrayaron, es llegar a los 30 años del sistema en 2026 con equilibrio y sustentabilidad.
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