San Bernardo no deja de sorprendernos. Una vez más, la localidad aparece en el centro de la polémica por lo que muchos vecinos consideran un caso de “ñoqui” estatal. Se trata de una empleada de planta permanente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, que habría sido asignada para trabajar en la Cámara de Diputados bajo la órbita de un legislador provincial, pero que, según testimonios, nunca se habría presentado a cumplir con sus funciones.
Vecinos aseguran verla habitualmente en el pueblo, disfrutando de su tiempo libre mientras estaría gozando de una licencia médica extendida. Por su cargo, se estima que percibiría un salario cercano a los dos millones de pesos cada mes, financiado con fondos públicos.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa un patrón que muchos conocen: familias con peso político que mantienen a sus miembros en puestos estables sin que realicen tareas efectivas.
La comunidad, con ironía, debería saludarlos todos los 29, como a una familia “prestigiosa”, por haber sabido vivir siempre del Estado.
Hasta cuándo estas familias de la élite política seguirán jugando con el dinero de los chaqueños.
Fuente SIN FILTROS
