Por Dr. Rogelio Vedoya Ott – Abogado
La lectura de la nota publicada por la Asociación Empresaria y Forestal del Oeste Chaqueño en el diario NORTE (edición del 21/12/25, pág. 13) no puede generar otra cosa que una profunda preocupación, cuando no un verdadero pánico social.
Como abogado y como ciudadano chaqueño, me veo en la obligación moral y cívica de advertir que, de confirmarse los efectos que allí se describen, estaríamos ante un gravísimo perjuicio social al sector forestal, dejando un auténtico tendal de familias absolutamente desprotegidas, sin trabajo y sin su sustento diario.
Según lo informado, el origen de esta situación sería un reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, dictado en el marco de una medida cautelar presentada por una asociación civil, que habría dispuesto la suspensión de la actividad forestal en toda la provincia. De ser así, estaríamos frente a una decisión de impacto institucional sin precedentes.
La pregunta es inevitable:
¿Puede un fallo judicial dejar, de un día para el otro, a miles de personas sin trabajo y sin protección social básica?
Más allá del debate jurídico —que sin dudas existe y debe darse— lo cierto es que esta situación genera una absoluta incertidumbre en la ciudadanía, que hoy no cuenta con información clara, precisa y accesible sobre qué ocurrió, por qué ocurrió y cuáles serán las consecuencias reales.
La gente “de a pie” no lo sabe.
Y esa ignorancia no es responsabilidad del ciudadano, sino de quienes tienen el deber institucional de informar, explicar y dar certezas.
Si efectivamente esta decisión judicial implica que 45.000 familias chaqueñas —muchas de ellas encabezadas por trabajadores con escasa o nula alfabetización, sin posibilidades reales de reinserción laboral inmediata— queden sumidas en la miseria, entonces estamos ante un escenario social y humanamente gravísimo.
En una democracia republicana, los poderes del Estado no pueden actuar de espaldas a la realidad social. La Justicia, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deben dar respuestas urgentes, coordinar acciones y garantizar seguridad jurídica y social a la población.
El silencio institucional, en este contexto, no es neutral: agrava el conflicto.
Es imperioso que se esclarezca de manera inmediata este “desaguisado”, que se expliquen los alcances reales del fallo y que se adopten medidas que eviten que miles de chaqueños queden privados de sus derechos básicos como seres humanos.
Así se haga.
Dr. Rogelio Vedoya Ott
Abogado – Chaco
