Resisencia – La Justicia Federal rechazó la denuncia presentada por Walter Antonio Pasko contra el fiscal federal Patricio Sabadini por presunto encubrimiento y conflicto de intereses, y resolvió que el representante del Ministerio Público Fiscal continúe al frente de la investigación por asociación ilícita fiscal y lavado de activos que tiene al contador como uno de sus principales imputados.
El planteo de Pasko se había presentado en el marco de una estrategia defensiva que buscaba cuestionar la actuación del fiscal y desplazarlo de la causa, alegando supuestas irregularidades, falta de objetividad y la existencia de intereses incompatibles con el ejercicio de la acción penal. Sin embargo, el órgano judicial interviniente concluyó que no se acreditaron elementos concretos ni indicios objetivos que permitieran sostener esas acusaciones.
De acuerdo con el análisis jurídico realizado, la denuncia fue considerada infundada, al no superar el umbral mínimo de verosimilitud exigido para habilitar una investigación penal contra un fiscal en ejercicio. En ese sentido, se remarcó que las discrepancias con la orientación de una investigación o con las decisiones procesales adoptadas por la fiscalía no constituyen, por sí solas, delito ni causal de apartamiento, sino que deben canalizarse por las vías recursivas previstas en el proceso.
La resolución adquiere especial relevancia porque se inscribe en el contexto de una causa de alto impacto institucional, donde Pasko está imputado como presunto integrante —y organizador— de una estructura dedicada a la emisión de facturas apócrifas, evasión fiscal y lavado de dinero, a través de cooperativas, fundaciones y entramados financieros presuntamente utilizados para canalizar fondos de origen ilícito.
Desde una perspectiva legal, el rechazo del planteo reafirma el principio de autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal, consagrado en el artículo 120 de la Constitución Nacional. Los jueces señalaron que desplazar a un fiscal requiere la demostración clara de un interés personal directo, una conducta incompatible con el cargo o una afectación concreta a las garantías del debido proceso, extremos que no fueron acreditados en la presentación del imputado.
Asimismo, se advirtió que admitir denuncias sin sustento probatorio suficiente contra fiscales podría generar un efecto institucional negativo, habilitando mecanismos de presión indebida sobre quienes tienen a su cargo investigaciones complejas, particularmente en causas vinculadas a criminalidad económica y delitos federales.
Con esta decisión, Patricio Sabadini continuará conduciendo la investigación, que ya cuenta con un voluminoso cuerpo probatorio integrado por peritajes contables, informes de la AFIP, registros bancarios y documentación secuestrada en allanamientos, y que avanza hacia instancias decisivas en el proceso penal.
