El legislador explica en los fundamentos que la ley 27.353 incorpora al capítulo IV de la ley 26.815, de Manejo del Fuego - Sistema Federal de Manejo del Fuego, el siguiente artículo: “Artículo 22 bis: En caso de incendios de superficies de bosques nativos, cualquiera sea el titular de los mismos, no podrán realizarse modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio, de acuerdo a las categorías de conservación asignadas por el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la jurisdicción correspondiente, elaborado conforme a la ley 26.331. Los bosques no productivos abarcados por la ley 13.273 serán asimismo alcanzados por la restricción precedente”.

Señala que “la incorporación del artículo 22º bis tiene el propósito de evitar que los bosques nativos en todo el territorio nacional, que son objeto de devastación a través de los incendios forestales -sean estos intencionales o no-, pierdan su estatus de protección y tengan un destino distinto del que poseían antes de tal evento”.

“Las principales causas de deforestación en nuestro país están dadas por la expansión agrícola, la tala indiscriminada y los incendios forestales” destaca Guillón, “entre 1990 y 2005, el planeta perdió el 3% de su superficie forestal y los porcentajes de deforestación siguen aumentando, desapareciendo 13 millones de has. al año aproximadamente, en el norte de nuestro país, en el parque chaqueño, en la región de la selva de yungas y selva misionera es donde se hace más visible ese proceso destructivo debido al avance de la frontera agrícola de los monocultivos transgénicos y la ganadería, como principales causas”.

El legislador explica que “la ley 27.353 incorpora una modificación con el fin de proteger las superficies boscosas que hayan sido objeto de incendios -intencionales o naturales-, manteniendo el más alto estatus de protección con el fin de su preservación y restauración, desmotivando asimismo cualquier tipo de especulación inmobiliaria que pudiera pretenderse por parte de quienes promueven estos incendios”.

IMPULSAN ADHESIÓN A LA LEY 24.375 - CONVENIO DIVERSIDAD BIOLOGICA

El proyecto 2852/17 del diputado Ruben Guillon, propone adherir la Provincia del Chaco a la ley nacional 24.375 por la que se aprueba el Convenio de Diversidad Biológica, suscripto en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992.

El legislador indica que “han pasado más de 20 años y sin embargo su temática está más vigente y actual que nunca” y agrega que “los recursos biológicos de la tierra son fundamentales para el desarrollo económico y social de la humanidad. Como consecuencia, existe un reconocimiento cada vez mayor de la diversidad biológica como bien mundial de valor inestimable para la supervivencia de las generaciones presentes y futuras”.

“Al mismo tiempo la amenaza que pesa actualmente sobre las especies y los ecosistemas nunca ha sido tan grave –advierte- en efecto, la extinción de especies causada por las actividades del hombre continúa a un ritmo alarmante”.

El diputado detalla que “el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) es un tratado internacional jurídicamente vinculante con tres objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Su objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible”.

PROPONEN INCORPORAR AL IDRAF Y PRODUCTORES A LA COMISIÓN

DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA COMUNIDAD RURAL          

Mediante una modificación a la ley 1057.J -Crea programa integrado de seguridad y proteccion a la comunidad rural-, el proyecto de ley 2851/17 impulsado por el diputado Rubén Guillón, tiene como objetivo incorporar a la Comisión Provincial Multisectorial Permanente del Programa Integrado de Seguridad y Protección a la Comunidad Rural, Prevención y Lucha contra el Abigeato –tanto en el ámbito central como zonal, a representantes del Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar –IDRAF- y de la Asociación de Consorcios Productivos de Servicios Rurales.

De sancionarse la norma, el artículo 4ª de la Ley quedaría redactado de la siguiente manera: “Créase la Comisión Provincial Multisectorial Permanente del Programa creado por esta ley, la que será integrada por: En el ámbito central: Representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, Jefatura de Policía, Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, Asociación de Consorcios Productivos de Servicios Rurales y entidades representativas del quehacer productivo y económico, de segundo grado o superior. En el ámbito zonal: representantes de los Municipios, Unidades Regionales de Policía, fuerzas vivas, entidades representativas del quehacer productivo y económico de la zona, representantes del Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar; de la Asociación de Consorcios Productivos de Servicios Rurales que se encuentren constituidos y en funcionamiento en cada localidad.”

El legislador observa en los fundamentos que “el abigeato, es decir el hurto de ganado mayor (equino o bovino) o menor (ovino, porcino o caprino), representa un viejo y conocido enemigo de los productores” y señala que “los recursos para combatir este delito no son suficientes y a su vez no son sus víctimas sólo los grandes productores; los medianos y pequeños productores también son constantemente afectados, y en escala la pérdida que sufren es enorme”.

“Es por ello –sostiene- que en la lucha contra el abigeato debe contener a todos los productores y favorecer la participación y el compromiso directo de los pequeños productores”.