El movimiento Católicas por el Derecho a Decidir anunció, a través de un comunicado, la presentación de una denuncia ante la Fiscalía de Turno de la ciudad de Resistencia contra la jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti “por la comisión de prevaricato, un delito que se configura cuando las resoluciones judiciales que dictan los jueces no son fundadas en derecho o parten de hechos falsos”.

“La presentación fue realizada en el marco de una estrategia jurídica amplia que construimos entre aliadxs. En este caso, la doctora Aucar -a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº 19 de la primera circunscripción de la provincia del Chaco-dispuso la suspensión de la aplicación de la Ley Nº 27.610 (de Interrupción Voluntaria del Embarazo) en todo el territorio de esa provincia tras una medida cautelar presentada en su despacho”, indicaron desde la organización de este movimiento autónomo de personas católicas y feministas.

A la vez, advirtieron que “la jueza Aucar no realiza un análisis ni fundamentación objetiva de la petición de los demandantes, sino que acomoda su discurso a los intereses de actores antiderechos”. “Se atribuye conocimiento en materia federal y desconoce la normativa nacional e internacional”, agregaron.

La organización mencionó también que “la jueza Aucar es una reconocida militante antiderechos, así como su esposo, Ernesto Trotti, quien formaba parte de la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de la capital chaqueña”.

“La situación que plantea la jueza Aucar es de gravedad institucional para la provincia de Chaco; dado que es el Poder Legislativo quien dicta normas erga omnes -es decir, para todxs- por lo cual, el planteo llegaría al irrazonable resultado de extender una medida judicial a sujetos que no sólo no la han solicitado, sino que incluso podrían no compartirla”, subrayaron.

En esa línea, advirtieron que la decisión de la jueza “deja a las mujeres y personas gestantes chaqueñas en situación de ciudadanas de segunda respecto de sus con-ciudadanas en el país, en tanto no pueden acceder al derecho adquirido de interrumpir el embarazo voluntariamente hasta la semana 14 inclusive en su propia provincia, como lo dispone la ley 27.610”.

“Nosotras estamos organizadas y alertas. Nuestro derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo ya está en vigencia y no vamos a tolerar ninguna acción que intente obstaculizar el acceso. ¡Aborto es ley!”, concluyeron.

El Consejo de Abogados de la provincia contra el fallo

El Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial del Chaco señaló que la decisión de suspender la aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en esta provincia "está reñida con las instituciones democráticas y afecta gravemente la independencia y división de poderes".

En un comunicado, la institución informó que, "a instancia del Instituto de Géneros, compuesto por abogadas litigantes, de la función pública, y de diferentes espacios", realiza un llamado "a la reflexión" sobre la sentencia "formalmente inconstitucional, e inválida".

"No surge de los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos que ostentan jerarquía constitucional, ningún mandato que implique punir de manera absoluta el aborto voluntario o impedir que se adopten distintos sistemas normativos que posibiliten la realización de abortos voluntarios", señaló el Consejo.

Y señalaron: "Instamos a respetar las leyes, sus procesos de aprobación, bregamos e instamos a respetar su cumplimiento; los verdaderos cambios sociales se hacen desde estas acciones y nos comprometen e interpelan a todos, todas, todes".