A través de dicha resolución, la Administración Federal de Ingresos Públicos dispuso la implementación de un “Régimen de Información de Planificaciones Fiscales (nacionales e internacionales)”. 

"Reclamamos porque esta medida colisiona abiertamente con las leyes que regulan el ejercicio profesional, porque pretende que los asesores fiscales aporten información protegida por el secreto profesional", explicó Germán Dalghren, presidente del CPCE. 

Dicho reclamo fue también realizado por los otros 23 Consejos profesionales nucleados en la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

"Hemos realizado múltiples gestiones ante la AFIP en relación con esta normativa. Sin éxito en nuestro objetivo, recurrimos ahora a la interposición de un reclamo administrativo para solicitar la suspensión de su aplicación y su derogación por los vicios que presenta, y que de no tener éxito habilitaría el reclamo judicial posterior", agregó Dalghren. 

"INADMISIBLE A LA ÉTICA PROFESIONAL" 

En un comunicado, sostienen que "en nombre de nuestros matriculados, consideramos que estas acciones resultan legítimas y necesarias por cuanto la implementación del Régimen Informativo atenta contra el derecho y deber del secreto profesional al poner la obligación de informar en cabeza de los asesores fiscales, además de afectar el ejercicio profesional y el desarrollo de la actividad lícita". 

"Resulta inadmisible a la ética profesional que la AFIP pretenda colocar al profesional que asesora en temas de derecho tributario como sujeto obligado a develar información obtenida con motivo de su vínculo profesional. Este acto administrativo de carácter general conduce a traicionar la confianza en el profesional", añade el texto. 

"La obtención de pruebas de evasiones o infracciones impositivas, objetivo último de los regímenes de información fiscales, debería ser alcanzada mediante el accionar previsto en las normas de procedimiento  tributario, respetuosas de los principios constitucionales. La AFIP, como órgano inserto dentro del ámbito de actuación del Poder Ejecutivo, debe circunscribir su función a una actuación administrativa conducente a que las leyes tributarias se cumplan, fiscalizando e investigando con el propósito de conocer la verdad de los hechos, y tal función discrecional no puede rebasar los límites de la racionalidad, estando subordinada a los principios que prohíben la arbitrariedad.  Atento a que las disposiciones de la RG 4838/2020 violentan en forma flagrante principios constitucionales básicos, desde nuestro Consejo Profesional de Ciencias Económicas, impulsamos estas medidas para resguardar a nuestros matriculados y sus derechos que consideramos transgredidos", concluyeron.