El gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach participaron de la primera mesa de trabajo intersectorial por el Caso Greco tras la convocatoria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De la reunión por teleconferencia participaron también las máximas autoridades del poder Judicial y Legislativo y del Comité para la Prevención de la Tortura.

Juan Ángel Greco era un artesano de 24 años que falleció tras ser detenido ilegalmente y alojado en una celda que luego fue incendiada el 4 de julio de 1990 en la comisaría de Puerto Vilelas. Ante la impunidad del caso, los familiares de Greco recurrieron a la CIDH que dispuso la reapertura de la investigación comprometiendo al Estado chaqueño a una serie de medidas reparatorias para la familia, y a la reapertura de las investigaciones penales y administrativas contra los presuntos responsables de la detención ilegal y de la muerte del artesano. En septiembre será el debate oral y público de la causa “Greco 2”.

En esta línea detalló los puntos a trabajar de forma conjunta entre los tres poderes del Estado, el órgano de control (Comité Provincial de la Prevención de la Tortura), la Procuración General, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Cancillería Nacional, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que es la parte peticionaria.

Arribaron a dos compromisos. Por un lado, la Cámara de Diputados dará tratamiento en agosto al proyecto de ley de la estructura orgánica del Comité Provincial de la Prevención de la Tortura. Además se comprometieron a la designación del Fiscal Especial en lo Penal de Derechos Humanos suplente, por el Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chaco. El compromiso incluye iniciar un plan de trabajo para mejorar el funcionamiento de la Fiscalía Especial en lo Penal de Derechos Humanos y la revisión del funcionamiento del Órgano de Control Institucional (OCI).

Así el gobernador informó que la mesa continuará monitoreando los alcances del acuerdo de solución amistosa mediante reuniones periódicas bimestrales. “La reunión sostenida es una clara prueba del compromiso de todos los poderes del Chaco, un ejemplo a nivel nacional de diálogo y articulación para el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos”, expresó.

Y remarcó que el cumplimiento de lo establecido por la CIDH implica un mejoramiento de las instituciones y políticas públicas vinculadas a la prevención de la violencia institucional, juzgamiento de los responsables y protección de más víctimas.

De la reunión participaron la secretaria de Derechos Humanos y Géneros Silvana Pérez y la subsecretaria de Derechos Humanos Nayla Bosch; la ministra de Seguridad y Justicia Gloria Zalazar y la directora de Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno María Roxana de los Santos. En representación del Poder Legislativo estuvo el presidente de la Cámara Hugo Abel Sager y el diputado Juan Carlos Ayala. Por el Poder Judicial la presidenta Iride Isabel María Grillo y el secretario de Superintendencia Lisandro Yolis; por el Ministerio Público Fiscal del Chaco, el procurador general Jorge Omar Canteros. En representación del Comité de Prevención de la Tortura del Chaco, su presidente Silvio Del Balzo y miembros. En representación del CELS, la directora ejecutiva Paula Litvachky, Mariano Lanziano y Macarena Fernández Hofmann. En representación de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, el secretario Horacio Pietragalla Corti, Patricia Cao. Y por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Javier Salgado y Gonzalo Bueno.