El gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora, Analía Rach Quiroga, participaron este miércoles de una teleconferencia con la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JuFeJus) y organismos provinciales pertinentes, para abordar líneas de trabajo que permitan unificar los distintos protocolos de actuación para personas privadas de su libertad, contemplando el aislamiento social, preventivo y obligatorio. “La responsabilidad nos corresponde tanto al Poder Ejecutivo como al Judicial y también al Legislativo”, afirmó.

El gobernador remarcó la importancia y la necesidad de “unificar criterios desde el punto de vista del marco regulatorio, tanto en el Código Procesal Penal a nivel Federal, como en los respectivos códigos procesales penales a nivel provincial”. “Es absolutamente imprescindible tener un protocolo en común”, insistió.

Las propuestas presentadas por el gobernador son seis:

1. Reforma Código Procesal Penal de la Nación y de las provincias argentinas para adecuar la reglamentación vigente a las actuales necesidades operativas y funcionales del servicio de Justicia, otorgando nuevas pautas de orden, regulación de uso de tecnologías para el control de los procesos y armonización legislativa destinados a evitar la coexistencia de múltiples criterios en cuanto al uso de las prisiones preventivas.

2. Unificación de los Protocolos de Bioseguridad para Contextos de Encierros Federales y Nacionales destinados a prevenir actos de violencia relacionados con la pandemia, respetando los estándares internacionales en la materia como así también asegurar que toda medida que limite los contactos, comunicaciones, visitas, salidas, actividades educativas, recreativas o laborales, sea adoptada con especial cuidado y luego de un estricto juicio de proporcionalidad desarrollando al mismo tiempo modelos de comunicación digital de las personas privadas de la libertad dentro de los contextos de encierro.

3. Propiciar la adopción de un Protocolo que unifique los criterios para el otorgamiento de los beneficios de prisión domiciliaria, prisión preventiva, libertades asistidas, condicionales y transitorias, el agotamiento de las penas, la conmutación de penas e indultos y el establecimiento de provisión de financiamiento para el uso de tecnologías de monitoreo, conteniendo en éstas decisiones a los tres poderes del Estado y el órgano de control pertinente en cada provincia.

4. Promover una reforma legal del sistema de peculio con el objeto de incentivar el financiamiento por parte de las personas detenidas de su propia condena promoviendo el principio de autonomía y capacitación para la inserción social y laboral posterior al cumplimiento de la pena.

5. Desarrollo de un plan de inversión con financiamiento compartido para el mejoramiento de la infraestructura y condiciones materiales de las instituciones de encierro, mejoramiento de las condiciones de detención de las personas privadas de libertad respecto a salud, alimentación, saneamiento y medidas adoptadas para impedir el contagio intramuros del COVID-19, garantizando en particular que todas las unidades cuenten con atención médica y con las garantías de higiene necesarias.

6. Desarrollo de un programa de educación, cultura y deporte para cada persona privada de libertad con diferentes modalidades de formación destinados a mejorar su condición de vida.

“La provincia tuvo una inversión significativa en materia de seguridad, pero seguimos teniendo problemas. Tenemos 2.300 personas detenidas, prácticamente la mitad de ellas en establecimientos del sistema penitenciario provincial con comisarías que no están en condiciones de albergar detenidos. De manera que debemos buscar un propuesta conjunta, con financiamiento internacional, para garantizar el fortalecimiento de las capacidades institucionales”, consideró el mandatario.

Participaron de la teleconferencia la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar; la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez; y la subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch.

NO PODEMOS PERMITIR OPERACIONES MEDIÁTICAS

“Como se observa”, dijo el gobernador, “esto genera un enorme estrépito de carácter social, cuando se dice que se liberan gran cantidad de detenidos”. “La verdad que se distorsiona la información, ya que tenemos una multiplicidad de problemas dentro y fuera de los sistemas”, planteó de inmediato.

“Nosotros creemos que es absolutamente imprescindible entender que hay un deber de informar, un derecho al acceso a la información, una libertad de expresión que no se puede condicionar y que tampoco se puede generalizar con operaciones mediáticas que dicen que ‘se van a liberar todos los presos’”, manifestó.

RESGUARDO SANITARIO PARA DETENIDOS Y PERSONAL PENITENCIARIO

La secretaria de Derechos Humanos y Géneros de la provincia, Silvana Pérez, afirmó que “este trabajo se está dando en todo el país y a nivel internacional para diagramar medidas sobre cómo tratar a las personas que están privadas de su libertad en el actual contexto de pandemia, teniendo en cuenta los resguardos sanitarios y la realidad de las cárceles con sobrepoblación”.

La funcionaria agregó que estos debates no solamente implican a la población carcelaria privada de su libertad, sino también a “los riesgos de contagio que puedan tener, tanto el personal del servicio penitenciario, como la comunidad; ya que dicho personal está en permanente contacto con sus familiares”.