El 7 de agosto le envió la primera comunicación ofreciendo a la entidad que preside “como alternativa para mediar y resolver este conflicto de forma satisfactoria y a la vez dejar perfectamente aclarada nuestra situación”, y le pidió una reunión que se concretó el 14, aunque el encuentro no fue muy productivo.   Días después le envió notas periodísticas que describían la crisis no sólo de los afiliados, sino de los sanatorios y de sus empleados, cuyo gremio se había declarado en estado de alerta por temor a despidos (de hecho ya se estaba trabajando con recortes de horarios o de haberes en muchas clínicas, entre ellas las tres de Villa Ángela).    “Estimado Víctor: esta es la situación real del Chaco, no sé qué te dicen de la delegación local, pero la realidad es que los afiliados están sufriendo y mucho, y la situación general del país no hace falta que te cuente cómo agrava todo, te pido encarecidamente que tratemos de resolver esto lo antes posible”, escribió una vez más.   Y el día 20: “Ante la ausencia de novedades de tu parte, ¿debo suponer que no hay posibilidades de llegar a algún acuerdo? Lamento que esto llegara a ser así, hemos ido con la mejor buena voluntad a tratar de mediar para resolver el conflicto, sin ningún interés particular en el tema, sólo con la intención de aportar una solución a una cuestión en la que estamos sufriendo todos. Espero que por lo menos me contestes para saber a qué atenernos”. De nuevo, silencio.     Para colmo, la sentencia del 23 de agosto de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia a favor de los prestadores chaqueños y en contra del Pami terminó de sepultar cualquier intento de restablecer el diálogo: el fallo no sólo rechaza el recurso extraordinario federal del Pami contra la cautelar que habilitaba el convenio, sino que ratifica la vigencia de los alrededor de $800 millones que les debe.   Según el titular de la Unidad de Gestión Local, Víctor Hugo Rousseau, Pami no tiene responsabilidad alguna en el conflicto en el que, entre otras gravísimas denuncias, ya se produjeron varias muertes. Quienes deberían dar las explicaciones -dice- son la jueza federal Zunilda Niremperger y el fiscal federal Patricio Sabadini, que llevan adelante la investigación preliminar que Pami utilizó como argumento para no renovar el convenio prestacional con Aclysa.    Mientras tanto, el corte en la atención de las clínicas de Aclysa a unos 50 mil de los casi 94 mil jubilados nacionales que hay en Chaco, hizo que la demanda recayera en los hospitales públicos. El martes el director del Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña, Raúl Alfredo Medina, denunció el colapso de ese nosocomio. Toribio Navarro, de la filial chaqueña de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Argentina, denunció que al menos tres abuelos fallecieron desde el 1 de julio por no conseguir camas ni en las clínicas de la red alternativa ofrecida por Pami, ni en los hospitales públicos. El secretario general de Atsa Chaco, Adrián Bellomi, anunció diferentes medidas de acción directa que tendrán lugar durante estos días, preocupados por la inminente pérdida de puestos de trabajo del segundo sector generador de empleo privado después del propio Estado provincial.