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25 de marzo de 2018

DIPUTADOS RECORDARON EL 42º ANIVERSARIO DEL “DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA”


El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia es una fecha en la que se conmemora y busca mantener vivos en la reflexión y memoria social los tristes acontecimientos producidos en la última dictadura militar. En esa línea se expresaron los diputados Susana Alonso y Daniel Trabalón, además se aprobaron varias resoluciones en la última sesión ordinaria.

 

La diputada justicialista Susana Alonso dijo: “no podemos dejar pasar por alto que el próximo 24 de marzo es un día para recordar” señaló la legisladora en alusión al 42º aniversario del hecho dijo “donde se produce en nuestro país el más sangriento golpe de estado, al estado democrático”.

 

Haciendo memoria evocó “fueron años de lucha, de tristezas y de lagrimas”, pero “también en esos 42 años hubieron alegrías y grandes historias, una de esas historias es cuando el 10 de diciembre de 1983 asume como presidente democráticamente Raúl Alfonsín como primer presidente constitucional, luego de años de dictadura”. “Le bastaron 3 días desde su asunción como presidente de los argentinos para firmar dos decretos que ordenaban el enjuiciamiento a de las tres juntas militares y a su cúpula”.

 

En esa línea recordó también que un 24 de marzo pero del año 2004 “el presidente Néstor Carlos Kirchner se dirigía al titular del ejército diciéndole, proceda” que “significaba nada mas y nada menos que debía bajar los cuadros de los represores Reynaldo Bignone y Jorge Rafael Videla de las galería del Colegio Militar, dando un fuerte mensaje al pueblo argentino”. “Estos actos de gobierno, estas acciones echan por tierra la teoría de que al gobierno hay que darle tiempo”. “Mentira. Cuando se tiene las convicciones que tuvieron estos presidentes para obrar en beneficio del pueblo, no se necesita tanto tiempo solo se necesita coraje y buenas intenciones” enfatizó la legisladora.

 

“Pasaron 42 años y llego un momento en el que fuimos reconocidos en el mundo por haber condenado a nuestros represores, poco países lo han logrado, pero dentro de estos últimos años también hemos tenido que escuchar frases muy desafortunadas, muy tristes, dignas de alguien que no conoce la historia, y gravísimas, teniendo en cuenta el ámbito y la envestidura de quien las pronunciaba como por ejemplo, aquella que decía ‘tenemos que terminar con el curro de los derechos humanos’, u otra ‘no se si en realidad fueron 30 mil los desaparecidos’. ´Esto es un número que inventaron´.”

 

“Pero también está en nuestra memoria el miércoles 10 de mayo 2017 – recordó -  estábamos legislando y la mayoría de los diputados hemos salido juntos para acompañar al pueblo en las manifestaciones en repudio por el beneficio del 2x1 con el que se intentaba favorecer a criminales de lesa humanidad”. “Asimismo quiero destacar que se siguen realizando esfuerzo es pos de formar a nuestros niños en los valores democráticos” observó.

 

Luego y a modo de reflexión afirmó “esta es una fecha que nos sirve para recordar a los 30 mil compañeros que han caído luchando en defensa de la democracia, pero también es un momento para reafirmar las convicciones de nuestra militancia y en defensa de los derechos humanos, porque no solo hubo violación de derechos humanos en aquellas épocas, sino que se viola cuando un agente del orden que debería brindarnos seguridad dispara por la espalda a un civil; cuando se reprime a trabajadores en huelga; cuando se despide a trabajadores periodistas; cuando hay presos políticos; cuando se manipula la opinión  publica” remarcó la diputada Alonso.

 

Se sumó el diputado del bloque Frente Grande Daniel Trabalón que manifestó: “queríamos plantear desde nuestro bloque lo mismo que ha planteado la diputada Alonso, los 42 años que se van a cumplir este 24 de marzo, del golpe de estado” y adhirió a las manifestaciones de su par legisladora.

 

“Me parece importante recordar otro hecho nacional que tiene que ver con el proceso de juicio y castigo a aquellos que han violado la Constitución y han cometido delitos de lesa humanidad, y en esto recordar la sanción de la ley 25779/03 que tiene que ver con la derogación de las leyes de impunidad, y que abrió el proceso de justicia, de reclamo histórico que hacían los organismos de derechos humanos”. “Entre esos hechos está cuando la sociedad argentina se movilizó en contra del fallo de la Corte Suprema, que intenta vaciar de contenido esta consigna que se transformó en una política de estado de memoria, verdad y justicia”. “La gente en la calle expresó ese rechazo a la decisión que pretendía dar beneficios a aquellos que habían cometido delitos de lesa humanidad” señaló.

 

“Me parece importante resaltar que en esta línea esta Legislatura siempre se ha expresado, y lamentablemente siguen ocurriendo hecho como estos, tratamos en la Comisión de Derechos Humanos, el PR 28/18, por la que repudiamos desde nuestro bloque las expresiones del presidente del bloque del PRO  Nicolás Massot, quien planteo que la Argentina tienen que hacer como Sudáfrica que pidió la reconciliación y perdón de los genocidas”. “Esto va en contra de la memoria, verdad y justicia y nos parece siendo además el presidente del bloque del oficialismo en el Congreso, nosotros debemos rechazar” pidió Trabalón.

 

“Para que esta Legislatura se exprese además sobre esto – continuó - también vamos a pedir el ingreso del PR 768 para expresar otro rechazo. Esto tiene que ver con un informe del Servicio Penitenciario Federal, por el cual hay un listado de detenidos que podrían ser beneficiados con la prisión domiciliaria de genocidas”. “Nosotros queremos condenar y repudiar, aquellos que han cometido genocidio, que han violado nuestra Constitución no pueden ser beneficiarios” enfatizó Trabalón.

 

“Hay que recordar – observó - que Alfredo Astiz tiene dos cadenas a prisión perpetua, y que nos parece que esta decisión de tomarse, seria injusta y contraria a esta consigna de memoria, verdad y justicia, sobre todo teniendo en cuenta que este informe fue presentado el 8 de marzo a pocos días del aniversario del golpe con lo cual debemos marcar posición política desde la Legislatura”.

 

“Entendemos que aquellos que han sido juzgados y condenados por la democracia, no pueden ser beneficiados de ningún tipo de indulto ni de prisión  domiciliaria porque va en contra de la memoria de las victimas del reclamo y lucha de los organismos de derechos humanos” aseguró Trabalón.

 

Así el Cuerpo aprobó una resolución que expresa un enérgico repudio a los dichos del presidente del bloque de diputados del Pro, Nicolás Massot, sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en los años ‘70 , quien pidió "reconciliación" y "perdón" para los genocidas, lo que implica un grave retroceso en materia de derechos humanos en nuestro país.

 

 

 

Preocupación ante posible libertad condicional o detención domiciliaria a imputados y condenados por delitos de lesa humanidad

 

Así lo expresaron a través la Resolución 218 que aprobaron los diputados en la última sesión ordinaria,  a partir de dos iniciativas que luego se unificaron y que fueron presentadas por  la legisladora Gladis Cristaldo a través del PR 543/18 y otro similar plasmado en el PR 778/18 firmado por los diputados Gladis Cristaldo, Aurelio Diaz, Claudia Panzardi, Héctor Daniel Trabalon y Héctor Vega.

 

La iniciativa 543/18 expresa profunda preocupación ante el informe enviado por el Servicio Penitenciario Federal al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, que enumera entre las 1111 (mil ciento once) personas privadas de libertad que se encuentran en condiciones de recibir la libertad condicional o de cumplir la pena impuesta en detención domiciliaria, a 96 imputados y condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar instaurada en nuestro país.

 

También el proyecto 778/18 manifiesta su enérgico rechazo al informe del Servicio Penitenciario Federal (SPF) dependiente del Gobierno Nacional, por el cual se incorpora, en el listado de detenidos que podrían ser beneficiados con prisión domiciliaria, al genocida Alfredo Astiz y a otros 6 detenidos por delitos de lesa humanidad.

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