En la nota elevada por el Poder Ejecutivo señala que la “por ley 2425-F (antes 7751) se dispuso la consolidación en el Estado Provincial, de las obligaciones vencidas que consistan en el pago de suma de dinero derivadas de las controversias judiciales que haya tenido por objeto la Acordada Nº 858/91 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco y las múltiples impugnaciones judiciales de las que fuera objeto la misma y comprende las obligaciones que surjan con el pago de costos, costas y honorarios profesionales con motivo de las causas emergentes en reclamos judiciales referidos en el artículo 1º de la ley 2425-F (antes ley 7751)”.

“Las circunstancias que motivaron el dictado de la ley de emergencia – explica – continúan vigentes atento a que aún no se ha cancelado la totalidad de convenios y/o demandas que dieron origen a la misma, lo que refleja que el peligro que se continúen embargando las cuentas provinciales sigue vigente por lo que se considera oportuno solicitar la prórroga de la ley 2425-F (antes ley 7751), prorrogada por las leyes 2471-A (antes ley 7825), 2558-A (antes ley 7949) y ley 2629-A”.

“Considerando que es necesaria tal medida dada la actual situación económica y financiera de la provincia del Chaco, de altísimo contenido crítico, que torna institucionalmente obligatorio instrumentar las herramientas necesarias y adecuadas para enfrentar la difícil situación de excepción y que fuera establecida en la ley provincial 5054 y sus modificatorias” concluye la nota.

Las Expresiones en el Recinto

El diputado del PJ Ricardo Sánchez, manifestó “bienvenido sea que estemos en vísperas de terminación del 2017 con una Legislatura trabajando, no en vano somos de las pocas que sesionan semanalmente, bienvenido sea que despidamos este año con la totalidad de los legisladores presentes, no es un dato menor y quiero expresarlo”.

“En orden al proyecto en sí, vamos a reseñar que esto fue un tema que le termina casi explotando al gobernador Domingo Peppo apenas se sienta en su sillón, porque anteriormente se fueron dando distintas cuestiones judiciales que llevaron más de 20 años, desde aquella acordada 898/91 en el que el STJ daba un incremento salarial del 100% para jueces violentando la ley de enganche, que provocó que con mucha justicia los empleados y funcionarios iniciaran demandas que llegaron a la Corte confirmando lo dispuesto en tribunales inferiores” recordó Sánchez.

En ese sentido, valoró “la decisión de Domingo Peppo de tomar este tema y resolverlo, y es por eso que sancionamos en el año 2016, el 25 de abril, la ley 7782, hoy 2444-F, que establecía cómo se iba a distribuir esa autorización de crédito de 4 mil millones, de los cuales 1.800 eran para afrontar justamente el pago de sentencias derivadas de esta acordada, y a eso se sumaba una cuestión parecida que se dio con los empleados del Tribunal de Cuentas”.

Felicitó “la labor de nuestra Fiscalía de Estado, con 1342 acreedores no era fácil, pero así y todo se acordó co la mayoría de esos acreedores, y exactamente al día de hoy de 1342 acreedores, hay 1057 que ya tienen convenios firmados, con una quita los de pago efectivo y otros con pagos escalonados, pero no está cerrado todo el tema económico y por eso habíamos sancionado la Ley 2425 F, donde declaramos la emergencia económica y financiera para dar un paraguas protector a las cuentas que habían sido embargadas, a pesar de que por ley son inembargables y declarábamos inembargables los recursos provenientes del tesoro provincial, este es el paraguas protector que queremos prorrogar al solo efecto de dar mayor tiempo a los que están trabajando para que de estos acuerdos que se hicieron lleguemos a los 1342 acreedores”.

Desde el Interbloque Cambiemos, su presidente Carim Peche relató que  “los jueces que firmaron fueron Lucas, Mendoza, Sotelo y Cima, se habla del desaguisado del STJ, pero lo que no escucho  es del desaguisado del Tribunal de Cuentas, que es la misma situación, no se si no se lo quiere mencionar, pero estamos ante la misma situación, la misma que nos tenemos que hacer cargo todos los chaqueños”.

Consignó además que “en la época en que Rozas fue  diputado, también esta Legislatura tuvo que aprobar para un juicio de similares características, hay una continuidad jurídica y tenemos que hacernos cargo, sin haber generado la deuda del año 91, se aprobó la ley 7892, en el que se le dio el instrumento necesario al estado provincial para que se abone a los trabajadores judiciales que tienen doble carácter, laboral y alimentario, en  este juicio que tiene 25 años, había 200 millones más para hacer frente a esta deuda legitima”.

Además, Peche detalló que “el secretario general de la gobernación Horacio Rey, hizo una conferencia de prensa donde expresó que el gobierno cumplió con los trabajadores judiciales, la ley de emergencia 7751 que había que aprobar era en el 2015 y era otro escenario, estaba la ley, el dinero, y se prorroga en 3 oportunidades, en las que el interbloque Cambiemos votó archivo, Porque le habíamos dado el dinero de un crédito que lo consiguió el gobierno provincial para que le abone a  todos los acreedores estos juicios” recordó Peche.

Con respecto a la manera de saldar la deuda generada por los juicios “se  convocó a los querellantes y se les pagó el 50%, se podrá decir que es parte de una negociación pero también luego de 25 años, hay algunos que  ya no están fallecieron, otros tienen enfermedades terminales, pero es el 50% y en cuotas, por lo que estamos convencidos que esta prórroga va a complicar aun más, hay gente que no va a aceptar, creo que con estos 6 meses de prórroga no se va a solucionar nada por lo que queremos dejar sentado nuestra posición de votar archivo” concluyó Peche.

El diputado del Partido Obrero, Aurelio Díaz, manifestó “diputados peronistas y radicales aprobaron el pedido de un crédito de 4 mil millones de pesos para pagarles, acá está el listado de los compañeros judiciales y en base a eso se hizo la cuenta, compañeros que estaban trabajando y que demandaron al Estado, luego los del Tribunal de Cuentas, había una comisión de seguimiento en la cual no se si en algún momento se rindió cuentas de qué se hizo con esa cantidad de dinero, parece que no. No quiero pensar que los 200 millones y pico de pesos que debían pasar a los municipios los comió la vaca, lo destinado a las obras publicas, a los aborígenes”.

“Los acuerdos se hacen sobre un chantaje –sostuvo- la gente que está próxima a pisar el cajón acepta por el 50%, pero desde esta Legislatura de la cual somos responsables, no tuvimos ningún control, y desde el Partido Obrero no nos vamos a hacer cargo de eso, queremos los informes totales, se aprobó un crédito para que se pague todo, no el 70%, dónde fue a parar la plata, qué hace la Fiduciaria metiendo las narices en esto, cuando tenemos un Ministerio de Economía, un Banco”

“Exijamos mediante un mecanismo el pago completo y que vaya el dinero por el circuito del Banco del Chaco y no acordar con la Fiduciaria del Norte, que es la caja chica en su momento del gobierno radical, y ahora del gobierno peronista, donde el tribunal de cuentas no tiene injerencia para controlar,  les planteo volver a hacer una sesión luego de pedir este informe”.

El diputado Daniel Trabalón, del Frente Grande, señaló “nosotros vamos a plantear desde nuestro bloque que quede en cartera, que es lo  mismo que planteamos en junio, cuando se trató en la Legislatura la ley 7782 por la cual se autoriza que se tome crédito por cuatro mil millones, nuestro bloque hizo propuestas de modificaciones de esa ley, todas las propuestas fueron rechazadas, tuvieron un solo voto de nuestro bloque, una de las propuestas era que a la comisión de seguimiento y control -que según la ley establece es la Comisión de Hacienda- se puedan incorporar diputados de otros bloques que no integran la comisión”.

“Es bueno, es saludable para la legislación, para el gobierno y para todas las partes incluidos nosotros, que haya mayor nivel de participación y que se incorporen tanto los diputados de todos los bloques como representantes de los sectores involucrados en esa ley de crédito” sostuvo, “sobre este tema se dicen muchas cosas, pero nosotros tenemos que manejarnos con información oficial y solicitarla, hemos intentado conseguir esa información, se la hemos pedido al Gobernador y al Ministro de Hacienda, merecemos todos y tenemos responsabilidad porque sancionamos la ley, de tener información oficial porque garantiza transparencia en este crédito que lo toma la provincia pero lo paga toda la población”.

“Pedimos que este proyecto quede en cartera, que antes de tratar la prórroga modifiquemos la ley y que demos participación a los bloques, a los sectores involucrados y con documentación oficial tratar la prórroga si se justifica la ley” sintetizó, “la situación del 2015 era una, en  dos años aprobamos leyes de endeudamiento que superan los 20 mil millones de pesos”.

El legislador Livio Gutiérrez, remarcó que “para que una ley de emergencia tenga validez, tiene que tener una restricción razonable de los derechos individuales, y la pregunta aquí, es si después de 30 años de litigio y no pago, persiste este requisito, no derechos individuales en expectativa, sino hablamos de sentencia”

 Por ello interrogó “¿pagar la mitad y en cuotas a 10 años más, es razonable?, se trata de remedios parciales sobre los derechos individuales, los que faltan cobrar son 250 personas, ¿pueden colapsar el sistema económico de la provincia del Chaco?, en tanto que determinó que los montos no se saben “porque no tenemos los informes contestados, estamos prorrogando una emergencia. Sí, hay dinero paga pagar y se ofrecen los millones y millones, que están depositados en la fiduciaria, esa plata es de la provincia que ingresó  por este crédito y que el gobierno deberá devolver en el tiempo”

Reiteró que “no existe una restricción razonable, el tiempo está vencido, toda espera implica una quita, y las quitas no están reglamentadas debidamente en esta ley, por lo que  nuestro bloque no va a acompañar la prórroga de la emergencia económica” concluyó Gutiérrez.

El diputado Juan José Bergia, del Ne-Par, observó “hubo épocas de bonanza en las que no se quiso o no se pudo solucionar esta cuestión, y celebro la decisión de Peppo de solucionar este tema. Hay que decir que el Ejecutivo solicitó 2.500 millones de pesos luego vino una negociación por la cual se llegó a 1.800 que no alcanzaban para pagar la totalidad de lo que se consideraba, los tiempos del Ejecutivo no son los mismos del Legislativo y quiero en esta oportunidad agradecer el trabajo de la Fiscalía de Estado y al Ministerio de Economía”.

“Yo no quiero ahondar en diferencias,  en definitiva nos quedan 310 personas para convenir, no voy hablar de acuerdos espurios, hablo si de responsabilidades y la responsabilidad la va a seguir teniendo esta provincia, creo que todos los diputados están al tanto de que hay otro juicio sobre equiparación salarial de jueces provinciales con jueces federales, eso también nos debería preocupar” señaló.

El diputado radical Roy Nikisch sostuvo que “cuando al final de la gestión de Capitanich e inicio de la actual gestión de Peppo, desde la oposición y a pesar de estar en favor de las demanda de los empleados judiciales, acompañamos la emergencia par que la caja de la provincia no sea embargada”

“Desde la oposición acompañamos a una cuestión que no le explotó a Peppo, venía de  años y se sabía que se finalizaba las demandas de una y otra parte. La voluntad de resolver, esto fue una decisión de gestión, los intendentes, gobernadores y del presidente de la Republica, se tomó la decisión de tomar crédito y estuvo la oposición para acompañar esta toma de crédito, que termina en 1800 millones para el Judicial y 150 millones para el juicio de los empleados del Tribunal de Cuentas a partir de una propuesta nuestra, y que e gobierno hasta ahora no hizo nada” describió Nikisch.

Remarcó en este sentido de los “injusto y  vergonzoso, que se le han hecho a los empleados judiciales, es una falta de respeto con gente que ha litigado años, enfermos, fallecidos y aun gente joven, o no tanto, lejos de su destino final, ofreciéndole cobrar el 50 por ciento”

De la acordada que generó el juicio de empleados judiciales mencionó “para cerrar recurrentemente este año se ha hablado de la doctora Lucas, voy a recordarles a los amigos peronistas que la acordada 858/91 es de la gestión del Dr. Baroni y quienes eran y firmaron la resolución fueron Cima peronista,  Sotelo peronista, Lucas radical y Mendoza peronista, decisión peronistas en gobierno peronista, pero después asume acción chaqueña, y antes de mayo ya había juicios políticos planteados para estos jueces, en el año 92”

Es por ello que “quiero reiterar, desde la oposición en el 2015 acompañó el inicio de la gestión de Peppo dándole la emergencia y en abril la toma de crédito de 4mil millones de pesos que no solo involucraba a los trabajadores judiciales, sino que incorporan el pago a los municipios, que no se le pagó a nadie, incorporamos el Tribunal de Cuentas y a pedido del gobernador 800 millones de pesos para obra pública” fundamentó Nikisch.