Por Bruno Martínez 

A mil kilómetros de Resistencia está ocurriendo esto: un tipo se roba un semáforo a la vista de todos, frente al Obelisco; otros dos se tiran desde un puente para intentar aterrizar dentro del colectivo que traslada a la selección argentina de fútbol masculino (uno lo logra, otro no); 14 personas son hospitalizadas por politraumatismos (la mayoría por caerse desde lugares muy altos) y el 911 atiende 284 llamadas por personas extraviadas. Todo esto en el marco de un pandemonio inédito: 5 millones de almas concentradas en el centro porteño para recibir al equipo que acaba de ganar la tercera Copa del Mundo en Catar. Buenos Aires es fervor, delirio y caos.

Mientras tanto acá, en el centro de la capital chaqueña, se vive un martes genérico de finales de diciembre. Poca gente en la calle. Algunos vehículos circulando, muchos de ellos con banderitas celestes y blancas. El sol quema demás esta tarde. Afuera del edificio del Superior Tribunal de Justicia del Chaco (STJ) el guardia saluda. Adentro, la recepcionista saluda, al igual que los poquísimos empleados que están a esta hora. Muy cordiales, ya estaban avisados de esta visita.

En 48 horas, Emilia Valle dejará de ser presidenta del STJ. Su lugar será ocupado por Isabel Grillo, en una rotación normal que se da cada año. Antes de iniciar esta entrevista con LITIGIO, en un tema imposible de eludir, Valle confiesa que durante el mundial ella también tuvo su cábala: mirar los partidos en total soledad.

Explicó que esto fue así porque la primera victoria de la selección, el trabajoso 2 a 0 contra México, no pudo verlo junto a su familia por una eventualidad. A partir de ese hecho fortuito se repitió el ritual en cada encuentro que protagonizó el equipo dirigido por Lionel Scaloni hasta que Gonzalo Montiel convirtió su penal contra Francia, el que selló el triunfo y la gloria. Todos queremos creer, incluso la jueza Valle, que esas rutinas repetidas durante un mes, realizadas desde nuestras casas y sin mucho sentido, tuvieron algo que ver con esta épica victoria nacional: nuestro granito de arena.

―Para quienes no conocemos la cotidianeidad de lo que es el trabajo del STJ, que es un órgano colegiado constituido por cinco personas, le quería preguntar cómo es el día a día de ustedes, los jueces del Superior Tribunal. ¿Se llevan bien? ¿Mal? ¿Tienen sus diferencias?

―(Se ríe) Yo estuve 11 años en una Cámara Criminal y entonces te acostumbrás a elaborar consensos, a respetar las diferencias y los disensos. Por supuesto que los que llegan a este lugar no tiene un carácter débil. Todos tenemos nuestra personalidad. Creo que nos respetamos mucho. Hay acuerdos que son tranquilos y otros que llegás a tu casa y realmente… son difíciles. Lo básico es trabajar sobre un diálogo fluido, responsable, respetando la opinión ajena, aprendiendo a escuchar.

―Con la jubilación de Rolando Toledo se generó una vacante en el Superior Tribunal. ¿Le gustaría que ese lugar lo ocupe una mujer?

―En esta oportunidad, dada la composición equilibrada que tenemos, quisiera que fuera la persona más idónea, más capaz. Y que sea buena persona.

“Quisiera que ingrese al STJ la persona más idónea, más capaz y que sea buena gente”

―Si uno ve la composición actual del STJ, casi todos vienen de una carrera judicial. Alguien que no esté trabajando en el Poder Judicial, ¿tiene alguna chance de ganar ese concurso, de ser ministro del STJ?

―Por supuesto que sí. La mirada de quien ha hecho “la calle” y litigado afuera también es muy importante. No es en absoluto excluyente. Sin embargo, nosotros tenemos licencia para estudio y seguimos cobrando un sueldo. Y, en cambio, para el que patea la calle, interrumpir eso no es tan fácil. Un programa técnico tan extenso le dificulta un poco al profesional.

―Corre con desventaja.

―Sí. En ese sentido, corre con desventaja.

―¿Hay alguna posibilidad de salvar esa desventaja?

―Cada Consejo (de la Magistratura) puede tomar las decisiones que le parezca. Cuando yo rendí como postulante me tocó el cambio del Código Civil y en el programa incluyeron el viejo y el nuevo. Por ahí hay cosas que hay que repensar de la ley, que fue un salto de calidad de institucional y no lo digo porque yo esté acá.

―Parece que fue hace un siglo, pero a comienzos de 2022 el Poder Judicial sufrió un hackeo inédito y muy grave donde se encriptó gran parte de la información y se pidió dinero para su rescate. ¿Qué enseñanzas quedaron de esa experiencia y en qué situación están actualmente los sistemas del Poder Judicial?

―Eran los primeros días de enero -yo estaba trabajando- y un sábado a la tarde me llama el secretario de Superintendencia (Lisandro Yolis) y me dice que habíamos sido víctimas de un hackeo. Por supuesto que hablé con el Departamento de Informática, con el director (Daniel Chapo) y nos reunimos todo el Superior Tribunal ese fin de semana. El director de Informática estaba desesperado.

―¿Se podría decir que la situación de ese momento era de incertidumbre?

―Sí, porque uno no está preparado para eso. Y de hecho no había precedentes en los poderes judiciales provinciales. Entonces uno tiene que enfriar la cabeza y consultar. Nos reunimos acá y tomamos la decisión los cinco (jueces del STJ, Toledo, Mario Modi, Iride Grillo y Victor del Río) de, en primer lugar, realizar una rápida comunicación a la Junta Federal de Cortes y a todos los organismos públicos y privados. También comunicar rápido a los medios para que la gente esté alerta. Lo que hay que hacer es salir y decir la verdad. A nosotros nos tocó un virus de altísimo poder destructivo inoculado por una banda de delincuentes que son los Hive Ransomware que atacaron desde Europa del Este.

“Con lo del hackeo, no sé por cuánto tiempo no dormí bien. Fue desesperante”

―¿Existe alguna chance de detener a estos hackers?

―Yo lo veo muy improbable. El problema es que la delincuencia avanza mucho más rápido. Nosotros veníamos con un proceso de digitalización muy intenso. Y cuando vino la pandemia, como le pasó a otros poderes judiciales, duplicamos y triplicamos eso. Entonces el daño a la estructura tecnológica fue terrible. Nosotros habíamos contratado el año anterior a la empresa VEEAM, que es para recupero de backups. Eso nos ayudó mucho, además del trabajo a destajo de toda nuestra gente. La verdad es que fue intensísimo enero y febrero.

―Que el hackeo se haya producido durante la feria judicial ¿posibilitó que se generara menos caos en la actividad cotidiana de la Justicia?

―Nos ayudó. Cuando lo atacan al Poder Judicial de Córdoba, veo que inmediatamente lo publica Infobae. Después de eso, llamo a dos colegas de Córdoba y les digo: “Saquen ya la verdad ustedes. No dejen que sean los medios”. Porque es una obligación la de informar.

―¿Ocultaron la información?

―No. Ellos demoraban en decidir. Yo les dije: “Esto está saliendo en los medios y lo mejor que pueden hacer es informar a los medios”. En nuestro caso, tuvimos muchas reuniones con las y los profesionales del derecho y con los integrantes del Poder Judicial. Elaboramos en conjunto los protocolos de contingencia para ver cómo abordar el trabajo a partir del 1 de febrero cuando se reiniciaba toda la actividad, sin perjuicio de seguir durante enero todo lo que pudiéramos. Afortunadamente con esa empresa y el trabajo constante nosotros recuperamos casi la totalidad de lo que nos habían destruido.

―¿Fue una destrucción de datos o se encriptaron?

―Ellos encriptaron los datos y pidieron un rescate. Habían dejado un mensaje muy irónico.

―¿Qué decía ese mensaje?

―“Tenemos capturados todos sus datos. Si los quiere recuperar, comuníquese con nuestro departamento de ventas”. Obviamente que nosotros no ingresamos ni lo íbamos a hacer porque es someterse a una actividad delictiva. Muchas empresas privadas han pagado y no les han devuelto todo. Los tenían como rehenes, dándoles información parcial.

―Es decir que ustedes nunca supieron el monto del rescate.

―No. Lo que sí hicimos fue crear un Comité de Seguridad de la Información y readecuamos nuestra tecnología a las nuevas formas de delincuencia. De todas maneras, el Director Nacional de Ciberseguridad me dijo: “No creas que nunca más te va a pasar”. Y me dijo que lo que tenemos que saber es cómo resguardar la información de manera que si volvemos a tener un ataque, el recupero sea mucho más rápido. Hicimos una inversión importantísima en tecnología, superior a los 150 millones de pesos. Incluso comprábamos anualmente 250 equipos de trabajo y esta vez compramos 700. Además, compramos 100 impresoras, 80 monitores, 80 equipos digitalizados. También compramos cuatro servidores. Armamos nuestra biblioteca digital cosa que, si nos vuelve a ocurrir, enchufo y desenchufo algo y estamos otra vez arriba. Fue un trabajo conjunto de todos porque recorrimos toda la provincia reuniéndonos con los abogados. Primero lo hicimos vía virtual con magistrados, funcionarios y empleados para consensuar políticas y para poner todos lo mejor de nosotros para salir de eso. Realmente el primer impacto es de una desesperación tremenda. Yo no sé cuánto tiempo no dormí bien porque es desesperante. A la semana atacaron al Senado y nos llamaron para ver cómo hicimos para recuperar.

―Desde el Senado nunca emitieron una declaración pública sobre esto.

―No. Pero ahí también nos enteramos de muchísimas empresas. Pero creo que hay que blanquear las cosas.

―Si hoy ocurriera un ataque igual, ¿cómo está parado el Poder Judicial del Chaco? ¿Puede recuperar la información rápido?

―Exacto. Eso es lo que confiamos con toda la inversión que hemos hecho, con todo lo que hemos adquirido, con el Comité de Seguridad que está trabajando permanentemente. Dios no permita, pero si ocurriera, el recupero va a ser más rápido.

―Le quería hacer una pregunta desde el sentido común. ¿Por qué si un empleado de la Administración Pública cumple ciertos años de servicio más cierta edad, inmediatamente lo jubilan de oficio, pero en cambio un juez de la provincia, que ya cumplió la edad límite estipulada por la Constitución,  puede seguir en su cargo, sin rendir un nuevo concurso, solamente interponiendo una medida cautelar?

―A ver. El artículo 154 de la Constitución Provincial habla de que jueces, defensores, fiscales y asesores, al cumplir los 70 años, si fueron designados después de la reforma de 1994, necesitan un nuevo nombramiento. Nosotros tuvimos el caso acá de una jueza (Mercedes Riera, de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional) que cumplió los 70 años, pidió un nuevo nombramiento, acá y ante el Consejo (de la Magistratura). Yo era consejera en ese momento. Y ese artículo está reglamentado por una ley y esa ley dice que debe someterse a un concurso abierto de antecedentes y oposición. Ella judicializó esa cuestión. Por supuesto que yo no pude intervenir porque fui la que llamé al concurso con otros consejeros. La doctora (y ministra del STJ, Iride) Grillo y Del Río fueron recusados. Ellos se opusieron, pero el Superior Tribunal ad hoc hizo lugar y actuaron ellos.

―¿No cree que con este tipo de hechos, las personas más o menos informada de la provincia terminen ratificando la idea de que dentro del Poder Judicial hay una suerte de casta con privilegios?

―A esto no lo veo como un privilegio. La Constitución es sabia porque incluso pide cinco años menos que Nación, que llegan hasta los 75. Considero que si obtiene un nuevo nombramiento no puede ser que no haya un término: no puede quedar indefinidamente. Pero hoy, una persona de 70 años, si pasa por los filtros que debe pasar, la calidad de trabajo y los fallos, bueno, hay que ver… Para eso también tenemos un Consejo de la Magistratura que está representado por distintos estamentos. Yo no lo veo como un privilegio siempre que se cumpla con lo que dice la Constitución.

―¿Le parece sano que un juez tenga que morirse para que pueda ser reemplazado?

―Si vos me preguntás cuál es mi visión, yo creo y espero tener la coherencia necesaria –aunque yo fui designada defensora y fiscal antes de 1994– para cuando yo no esté en condiciones de estar en el Superior Tribunal, irme y dejar espacio a gente más joven.

“Espero tener la coherencia necesaria que para cuando yo no esté en condiciones de seguir en el Superior Tribunal, irme y dejar espacio a gente más joven”

―¿Qué significa “no estar en condiciones”?

―Yo ahora tengo 63 años. Vamos a suponer que llegue a los 70 años y siga teniendo el espíritu, las ganas de trabajar, la experiencia y todo lo que ayude a formar a los que vienen y bueno a lo mejor un tiempito más prudencial puede ser como no puede ser. Porque también uno tiene que dar un paso al costado y dejar lugar a otras personas que traen otras ideas. Te doy un ejemplo: el juicio por jurados fue todo un cambio y nos costó. Este año (2022) se hicieron 17 juicios por jurados. Llevamos 27 en total en Resistencia y este año 2022 comenzamos la implementación en Villa Ángela, Sáenz Peña y Castelli. Y ahora inauguramos dos salones de usos múltiples bellísimos en San Martín y Charata que se construyeron en ocho meses. Esas son ideas nuevas. La guía de aproximación a un lenguaje claro también.

―Ya que mencionó el juicio por jurados, le quería preguntar su opinión respecto de las críticas que todavía hay de parte de algunos abogados quienes cuestionan la idoneidad de los jurados para impartir justicia teniendo en cuenta que la gran mayoría no sabe nada de derecho.

―Una cosa es vivirlo al juicio por jurados y otra cosa es opinar sin haberlo vivido. ¿Qué vemos acá? Vemos un desempeño excelente de las juezas y jueces técnicos, de las partes y la conciencia cívica y el sentido común que han demostrado los jurados populares. Esto hasta a nosotros nos ha asombrado. Por ahí la gente confunde: acá hay una tarea de cooperación. Está el juez técnico profesional que dirige el juicio, hace la audiencia preliminar que es un filtro para que la prueba llegue limpia. Y después da las instrucciones finales. Luego el jurado delibera, y si hubiera un veredicto de culpabilidad, es el juez técnico en una audiencia de cesura quien impone el monto de la pena. Los jurados son los jueces de los hechos y califican esos hechos de acuerdo a un formulario de veredictos. Con explicaciones claras y sencillas, la gente entiende. Esto nos enseña a todos a litigar. Yo fui 11 años camarista, y durante los juicios se incorporaban algunas cuestiones por lectura durante el debate. O se convocaba a 20 testigos para acreditar lo mismo o para que sean testigos de concepto, cuando hay verdades indubitables. Esto no se acepta en jurado popular y es por eso que los juicios son rápidos, duran dos o tres días. La ciudadanía tiene mucho sentido común.

―Hablemos de plata. Otro tema que siempre está dando vuelta cuando se habla de la justicia chaqueña son los relativos bajos salarios. Según su último recibo de sueldo publicado en la página oficial del STJ, usted cobra casi 600 mil pesos…

―Te voy aclarar algo sobre eso: tengo 38 años de antigüedad y soy presidenta del Superior Tribunal, que tiene un pequeño plus. Los jueces de cortes del Chaco y La Rioja ganamos la mitad que lo que ganan en la región…

―Justamente le quería preguntar si los sueldos del Poder Judicial continúan atrasados o si en este último timpo se logró cierta paridad con sus similares de otras provincias.

―Las primeras etapas de la Ley de Ajuste por Revisión se cumplieron. La normativa te dice que cada seis meses se revisan los salarios de las provincias de la región NEA. ¿Qué ha ido pasando? El camarista ha tenido proporcionalmente un aumento inferior al de la última escala, porque cada monto en negro que se paga, a ellos les aumenta el porcentaje. Había cuotas que se pagaban con intereses de lo adeudado. Pero la inflación fue tremenda. Hubo un pacto con los gremios que, si en el último trimestre superaba la inflación, se haría una readecuación. Lo bueno de esta ley además es que habla de ese proyecto de conformar una mesa técnica y en esa mesa ir progresiva y gradualmente a una media nacional. Los jueces y juezas del Chaco no pretenden estar en la cima porque nadie escapa a la realidad de la provincia en donde vivimos.

―Le quería hacer una pregunta sobre algunas sentencias del STJ durante 2022. En agosto, el Superior Tribunal revisó y modificó tres fallos con el fin de aplicar perspectiva de género y garantizar los derechos de las víctimas e imputadas. Uno de ellos era un caso de abuso sexual cuyo autor fue sobreseído porque la fiscalía no lo imputó y los restantes fueron casos donde las madres fueron imputadas como coautoras del crimen de sus hijos. ¿Por qué considera usted que es importante aplicar la perspectiva de género en cada sentencia?

―A mí en la que me tocó intervenir y que tiene la importancia de que haya sido un recurso de revisión donde actuamos en pleno. La verdad es que la jueza técnica, que es muy buena y hoy está jubilada, no aplicó los estándares que te indican mirar los casos con perspectiva de género. No miró que esa mujer estaba realmente en un círculo de violencia y que no podía oponerse a determinadas cuestiones de su pareja. En ese fallo detectamos muchos estereotipos: “La buena o mala madre”, por ejemplo. Esos sesgos, a esta altura y después de los fallos que tenemos y luego de las convenciones internacionales como la Belém do Pará (para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer) o la CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) realmente son prejuicios. Hay que mirar con perspectiva de género. Nosotros trabajamos en la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. Y ahora, como novedad, hemos introducido una unidad específica de cuestiones de género en todos los concursos que se hagan en el Poder Judicial. Y como requisito, si son funcionarios, secretarios y demás, tienen que presentar una certificación de que hicieron los talleres obligatorios de la Ley Micaela para poder inscribirse.

―Hace un par de meses entrevistamos a la Defensora General, Alicia Alcalá, quien se mostró bastante crítica por la falta de perspectiva de género en gran parte de la justicia del Chaco. Destacó la concreción de diversos talleres sobre el tema, pero señaló que falta internalizar esos conocimientos para que finalmente se apliquen en el día a día. ¿Coincide?

―Siempre falta más. El Centro Judicial de Género junto con el Centro de Estudios Judiciales están trabajando muy unidos para incluir esa perspectiva de género. Sigue faltando procesos de sensibilización, de escucha activa. Por eso uno no puede quedarse con brazos cruzados. Por eso esta revisión del fallo que te mencioné anteriormente fue un gran avance en este sentido.

―Durante 2022 también se dieron algunos cruces entre el Poder Judicial y Poder Ejecutivo provincial. En julio, se produjo una controversia con el ministro de Economía del Chaco, Santiago Pérez Pons por el tema de las manifestaciones y cortes de calles, sobre todo en el centro de Resistencia. “No sé para qué bancamos una estructura de jueces y fiscales tan grande”, se quejó Pons en ese momento. ¿Qué opinión le merece estas expresiones y quién se tiene que hacer cargo de los piquetes en el Chaco?

―En la medida en que solo constituyan una falta, se tiene que hacer cargo el Juzgado de Faltas. Cuando hablamos de un delito, ya tiene que actuar la fiscalía en turno.

―¿Y por qué considera que el ministro se refirió a la estructura del Poder Judicial de esa manera?

―Tengo buena relación con el ministro, pero no hay que meter a toda la gente en la misma bolsa. En los lugares que uno ocupa tiene que tener precaución con las cosas que dice. El otro día lo escuché al gobernador (Jorge Capitanich) en una de las inauguraciones que hicimos y me gustó lo que dijo. Dijo que tenía que poner en valor y destacar que el Poder Judicial del Chaco es independiente, austero y tiene una muy buena administración de los recursos. A veces uno entiende el enojo de la gente. También la policía tiene su competencia en las cuestiones, pero tiene que tener órdenes y ser dirigidos. Ahí hay que actuar. La ciudadanía se cansa. Pero también hay cuestiones de tipo social y económicas que no es el Poder Judicial el que tiene que dar respuestas.

“La ciudadanía se cansa (de los piquetes). Pero también hay cuestiones de tipo social y económicas que no es el Poder Judicial el que tiene que dar respuestas”

―Hace un par de años le hicieron una entrevista y dijo que el Poder Judicial del Chaco es uno de los “mejores conceptuados” en todo el país porque es “honesto, innovador y con gente que se esfuerza”. ¿Sigue pensando lo mismo?

―Sigo pensando lo mismo. La Junta Federal de Cortes se asombra, al igual que el Ministerio de Justicia de la Nación, de muchas innovaciones que se hacen acá. Lo que pasa es que esta es una provincia joven y entonces la gente se adapta rápido a los cambios. Entonces cuando querés innovar no es difícil. Pero también, como en todos lados, hay excepciones que, la verdad, a mí me molestan. Te lo digo con sinceridad. Yo he dejado mucho de mi vida en el Poder Judicial. Se lo que es empezar de abajo, ser escribiente, secretario, defensor, fiscal y juez. Es un poder que exige mucho porque es función y es servicio. Hay urgencias que hace que uno tenga que dejar muchas cosas de lado.

―¿Cuando habla de excepciones se refiere a gente del Poder Judicial que no quiere trabajar o que lo hace a desgano?

―Me refiero a la gente que no tiene puesta la camiseta, para hablarlo en lenguaje claro. Esa gente que no entiende que estamos al servicio de la ciudadanía.

―¿Me podría dar un ejemplo?

―Por ejemplo, a mí me molesta si hay un funcionario que está de turno y el teléfono no está prendido, cualquiera sea la hora. Conozco fiscales que cuando están de turno, ellos están a la hora que se los llame. Y es lo que corresponde. Para eso son los turnos. Cuando se disponen autopsias, por ejemplo, siempre la pido a (Gabriela Lamparelli) la directora del IMCiF (Instituto de Medicina y Ciencias Forenses del Poder Judicial) que la hagan urgente. Porque sobre la tragedia familiar, que uno esté esperando, y ahí no hay hora, no hay feriado ni debe haberlo. Así pensamos nosotros. Hay gente que sigue hasta lo último y está los fines de semana. Uno se da cuenta enseguida de esas cosas. Lo notás desde el semillero, desde que son escribientes, secretarios. La disposición que tienen. Por eso nosotros decimos “tiene puesta la camiseta del Poder Judicial”. Acá todo es por concurso. Ya tenés un piso de idoneidad y capacidad. Lo demás es personal de cada uno. Pero creo que quien tiene ese sentido de pertenencia del Poder Judicial debe tener esa camiseta puesta siempre. Hay gente muy vulnerable que depende de nosotros, como los adultos mayores, las niñeces y adolescencias, la misma gente privada de su libertad, gente con conflictos económicos. Nosotros resolvemos conflictos y conductas de seres humanos reales y concretos, que tienen sus intereses, sus aflicciones, sus preocupaciones y nuestra misión es darle una respuesta. Y sino, la verdad es que no hay que integrar el Poder Judicial. Hay que hacer otra cosa.

―El que no tiene “puesta la camiseta” del Poder Judicial, ¿que se vaya, entonces?

―Y sí, lógico. Porque así debe ser. Porque esto no es para entrar a ganar un salario. Por supuesto que lo necesitamos para vivir, pero que no se piense que se va a entrar al Poder Judicial para hacerse rico. Acá hay que entrar por vocación.

Fuente : litigio.com.ar