Actuando en calidad de defensor técnico (Dr. Rogelio Vedoya Ott), y como vocero del equipo de abogados que forman parte los Dres. Armando Aquino Britos y el Dr. Marcelo Chavez, quienes ejercen la defensa de la Intendenta de la Localidad de Enrique Urien Sra. Liliana Del Carmen Pascua, debo informar y aclarar a la comunidad que nuestra defendida en primer lugar no está condenada –salvando equívocos- y esta beneficiada por la presunción de inocencia, garantía Constitucional y Supranacional consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en tratados Internacionales como por ejemplo la Convención Americana sobre derechos Humanos y la Convención Europea sobre Derechos Humanos, y hoy su estado legal reviste simplemente la calidad de procesada, es decir de simple sospecha y la calificación legal definitiva de los hechos sobre los cuales se la acusa se determinaran en otra etapa el juicio, denominado plenario o debate, no obstante ello contra la resolución del procesamiento la defesa técnica interpondrá recurso de Casación ante la Cámara federal de Casación Penal y asimismo se destaca una equivocada imputación que realizara la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia al describir un hecho que nunca ocurrió , donde se le endilga y “achaca” a la Intendenta (por un informe de inteligencia), Pascua haber “manipulado” una cuenta del Banco Nación donde efectuó depósitos y extracciones por una suma de $11.000.000 (once Millones) en el periodo 2017/2020, y no existiendo constancia que explique esos movimientos bancarios.. Dando a entender que ese dinero se “esfumo” y debo Aclarar que Pascua jamás tuvo a su nombre personal cuenta bancaria en el banco nación ni tampoco opero en forma personal… si como Intendenta – lógicamente- abrió una cuenta en ese banco y el movimiento bancario está asentado en los libros contables del Municipio (aclarando que jamás se recibió un depósito de $11.000.000 de pesos) y aprobada las cuentas por el tribunal de cuentas de la provincia del chaco. Para finalizar nunca se probó la acusación  delito de lavado de dinero o activos que significa introducir dinero obtenido en forma ilegal al circuito financiero económico normal y ante esa evidencia se le dicto la medida procesal de falta de mérito.