La industria pesquera atraviesa uno de los momentos más delicados, con consecuencias cada vez más severas para la economía regional y nacional.
El conflicto por la zafra del langostino sumó en las últimas horas nuevos episodios de alta tensión que agudizan una crisis que ya paraliza la actividad hace meses. Manifestaciones cruzadas entre sindicatos, amenazas de muerte a trabajadores, y allanamientos judiciales en Chubut marcaron una semana crítica para la industria, que ya acumula pérdidas millonarias y afecta a miles de familias en todo el país.
Afiliados del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y del Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape) realizaron este viernes una protesta frente a la sede del Sindicato de Capitanes de Pesca en Mar del Plata, en un gesto que expone las profundas divisiones dentro del sector gremial.
Al mismo tiempo, en Puerto Madryn, al menos cuatro marineros denunciaron haber recibido amenazas de muerte por haber aceptado firmar contratos con la empresa Conarpesa. Uno de los mensajes enviados por WhatsApp advertía crudamente: “Más vale que no firmes mañana, porque no pisás más Madryn. Acordate, te conviene, porque no vas a poder bajar del barco, hay una bala para vos”.
La amenaza fue difundida públicamente por el secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche, quien expresó en redes sociales: “Amenazar de muerte a un laburante es traspasar todo límite”, y confirmó que se iniciaron acciones penales. Poco después, la policía local realizó dos allanamientos, incautando teléfonos que podrían aportar pruebas sobre el origen de los mensajes intimidatorios.
En respuesta, la Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina expresó un firme rechazo a los hechos de violencia. En un comunicado, las entidades firmantes declararon: “Repudiamos la violencia y extorsión contra trabajadores que quieren ejercer su derecho a trabajar. No es el camino para construir paz social ni fomentar el empleo argentino”.
El conflicto gremial se centra en la negativa del SOMU y del Simape a renegociar el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), principalmente en lo referido a los pagos por producción, el componente central del salario de los tripulantes. Ambos sindicatos aseguran que ya firmaron un acuerdo salarial con aumentos sobre los básicos, mientras que las empresas denuncian que los valores actuales son insostenibles.
Oscar Bravo (SOMU) y Pablo Trueba (Simape) se mantuvieron firmes en sus posturas. Bravo insistió en que “no hay nada legal que firmar fuera del convenio ya vigente”, y Trueba acusó a las cámaras empresarias de intentar “romper la paz social”.
Pese a la tensión, se logró una excepción: la empresa Buenos Aires Pesca SA alcanzó un acuerdo con ambos gremios para que dos buques tangoneros zarparan bajo un esquema de pago transitorio, respetando el CCT.
El conflicto, que ya lleva cuatro meses de parálisis formal y mantiene amarrados a más de 100 buques desde hace casi un año, tiene consecuencias dramáticas: exportaciones frenadas por más de 200 millones de dólares y un fuerte impacto económico en alrededor de 5.000 familias que viven de la actividad.
Desde una de las cámaras empresarias señalaron que “no hay condiciones de seguridad para salir a pescar con acuerdos individuales, los trabajadores están amenazados”. Además, advirtieron que el costo laboral representa actualmente el 60% de la operación y que seguir sin actualizar el convenio vigente implicaría trabajar a pérdida.
A diferencia de SOMU y Simape, los sindicatos de Capitanes y Maquinistas sí acordaron revisar los ítems de producción, que siguen calculados según un precio por kilo de langostino fijado en 2005 (USD 12), mientras que hoy el valor ronda los USD 6 por kilo.
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