Advierten que la sentencia viola la inmunidad soberana y el derecho interno argentino.
El bloque de la Unión Cívica Radical y el diputado nacional Gerardo Milman presentaron proyectos de declaración para expresar el rechazo y la preocupación por el fallo dictado por la jueza de Nueva York Loretta Preska que ordena al Estado argentino la entrega del 51% de las acciones de YPF como parte de pago de la condena por 16 mil millones de dólares a raíz del proceso de expropiación de la empresa de hidrocarburos en 2012.
El proyecto del bloque de diputados nacionales de la UCR es encabezado por el mendocino Lisandro Nieri y considera que la sentencia de un tribunal extranjero “compromete seriamente la soberanía nacional y el patrimonio público”.
“Asimismo, manifiesta su rechazo a esta decisión judicial extranjera que no respeta el principio de soberanía jurisdiccional e inmunidad soberana vulnerando tratados internacionales en los que ambos países son parte”, agregan los autores de la iniciativa.
Según advierten, el fallo “desconoce la legislación interna argentina, especialmente la Ley Nº 26.741 que declara de interés público la expropiación de acciones de YPF y establece expresamente la necesidad de autorización del Congreso Nacional» con mayoría agravada para la eventual transferencia de acciones expropiadas.
A su entender, la sentencia “interfiere con asuntos internos de otro Estado, en violación a principios de derecho internacional público”.
“La jueza Preska pretende sortear este requisito legal señalando que Argentina puede modificar su legislación o sentarse a negociar, lo que constituye una inaceptable intromisión en las competencias propias del Poder Legislativo Nacional”, reclamaron.
“El Congreso de la Nación, como expresión de la soberanía del pueblo argentino, no puede permanecer ajeno a una situación que compromete directamente sus facultades constitucionales”, concluyeron.
Además de Nieri, el proyecto es firmado por Julio Cobos, Karina Banfi, Natalia Sarapura, Fabio Quetglas, Pamela Verasay, Soledad Carrizo, Gabriela Brouwer de Koning, Atilio Benedetti y Gerardo Cipolini.
Por su parte, el proyecto de declaración de Milman rechaza el fallo «porque impone una carga financiera desproporcionada y lesiva para la soberanía nacional”.
“Además constituye una grave intromisión en los asuntos internos de la República Argentina, violando principios fundamentales del derecho internacional” que “impiden que tribunales extranjeros interfieran en decisiones soberanas de otros países”.
En los fundamentos, el diputado que responde a Patricia Bullrich le adjudica la responsabilidad por las consecuencias del fallo a la «gestión imprudente y opaca encabezada por la entonces presidenta Cristina Fernández, y asesorada por el ex viceministro de Economía Axel Kicillof, quienes impulsaron la expropiación de YPF en 2012 sin respetar el estatuto de la empresa ni realizar una oferta pública de adquisición, como correspondía”.
“Si bien el Congreso de la Nación actuó en defensa de la soberanía energética, la responsabilidad política y jurídica de las consecuencias actuales recae en el Poder Ejecutivo de aquel momento, que impulsó una maniobra que ignoró las obligaciones estatutarias de YPF y generó un perjuicio económico monumental para el país”, opinó Milman.
“En particular, el artículo que permitió el ingreso del Grupo Petersen sin exigir una oferta pública de adquisición debe ser revisado críticamente, ya que fue el origen del litigio internacional que hoy compromete gravemente los intereses nacionales», puntualizó.
En este sentido, se mostró a favor de que «la Justicia argentina avance en todo el proceso que se desarrollan en el fuero federal argentino, y particularmente contra todos aquellos funcionarios públicos contra quienes urdieron la maniobra que estafó al Estado Argentino”.
Más allá de las responsabilidades del Gobierno kirchnerista en aquella expropiación, Milman opinó que “la decisión de la jueza es arbitraria, desconoce el orden constitucional argentino y vulnera la división de poderes».
«La entrega de acciones está expresamente limitada por la Ley 26.741, que establece que el Estado no puede transferir su participación en YPF sin el consentimiento del Congreso con mayoría agravada”, explicó.
na
