La investigacion judicial por supuesto lavado de activos y enriquecimiento ilícito que salpica a funcionarios y colaboradores del gobierno provincial continuó ayer sumando nuevos procedimientos de recolección de pruebas, entre ellos varios allanamientos en los que volvieron a secuestrarse equipos y lanchas.

Mientras eso ocurría, se conocía que el vicegobernador Daniel Capitanich, a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Domingo Peppo a los Estados Unidos, había dictado dos decretos para aceptar las renuncias de Horacio Rey a la Secretaría General de la Gobernación y de Roberto Lugo a la Subsecretaría de Comercio y Servicios del Ministerio de Desarrollo Social. En los hechos, la exoneración definitiva de ambos funcionarios, quienes hasta ahora legalmente sólo estaban “separados” de sus cargos.

 

La baja de Rey y Lugo, que se suma al cese de la relación laboral de otras personas bajo investigación que formaban parte del equipo de colaboradores del secretario general, se dio en el marco de otra jornada tensa para el oficialismo, que analiza cómo hacer frente a un escándalo que seguramente tendrá costos políticos por ahora difíciles de calcular. Anteayer, desde Washington, el gobernador buscó circunscribir el caso a una investigación judicial a la cual dijo brindarle su total apoyo. “Nunca avalé ni voy a avalar ningún tipo de corrupción”, dijo Peppo, que instó a aguardar el resultado de la labor de los tribunales antes de abrir juicios de valor.

Más operativos

 

Ayer el fiscal Patricio Sabadini volvió a impulsar allanamientos que se sumaron a los efectuados el lunes. Esta vez los objetivos fueron una vivienda y galpón de la avenida Alvear, frente al estadio del Club Sarmiento; una casa de la calle Juan B. Justo situada frente a la sede del Tribunal de Cuentas; y un galpón en el kilómetro 1008 de la ruta 11. En el primer operativo se secuestró una lancha que figuraría a nombre de Alejandro Chávez pero que según la denuncia anónima recibida por Sabadini (y que originó su actuación en este caso) pertenecería en realidad a Ismael Fernández, cuñado de Rey y colaborador suyo en la gobernación.

 

  

El allanamiento frente al Tribunal de Cuentas habría sido a los fines de dar con un equipo informático que podría pertenecer a Rey y, en ese caso, determinar qué información está guardada en él. El procedimiento en la ruta, en tanto, fue en un galpón cuya propiedad se le atribuye a la suegra del exsecretario de la gobernación, también buscando elementos que puedan ser útiles a la investigación.

 

¿Más implicados?

 

La línea investigativa que viene siguiendo Sabadini, a la vez, genera la posibilidad de que aparezcan nuevos implicados, y en el círculo del fiscal no se descarta que esa expansión toque a otros funcionarios. Por ejemplo, a quienes deberían haber detectado las órdenes de pago irregulares -a proveedores del Estado, como parte de las maniobras de enriquecimiento ilícito- y que sin embargo no objetaron esos trámites.

 

Por otro lado, está claro que en algún momento al menos una parte de la investigación deberá pasar a la órbita de la justicia provincial, porque a ese fuero corresponderá labrar la causa pertinente para delitos como el fraude a la administración pública provincial o el enriquecimiento ilícito, en tanto que para el fuero federal quedaría lo relacionado con el lavado de activos. Hoy seguirá el proceso de recolección de pruebas, con distintas diligencias. En los allanamientos llevados a cabo hasta ahora ya se secuestraron unas diez lanchas cuyos titulares deberán demostrar con qué ingresos las adquirieron. Probablemente la semana que viene o un poco después recién se determinarían las citaciones a indagatoria de los principales sospechosos de la investigación. Y si eso sucede, podrían sobrevenir detenciones.

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