Jueves 28 de Marzo de 2024

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11 de marzo de 2018

UNA PREVENCIÓN DE PREFECTURA, UN SOBRE ANÓNIMO Y UNA DENUNCIA DE VIEJA DATA

De acuerdo con la información que dieron fuentes allegadas a la fiscalía federal la causa se inició con la prevención de Prefectura Naval Argentina, que detectó la presencia de cinco lanchas nuevas a nombre de una mujer que no estaba relacionada con el ambiente náutico.

Algunas de las lanchas, que eran propiedad de Claudia Varela esposa de Ariel Retamozo, valen más de lo que cuesta un auto de alta gama. Incluso se sabe que la AFIP controla fuertemente a las guarderías náuticas para encontrar evasores. “Con la prevención se pidieron los perfiles financieros. Y allí comenzó a estrecharse el círculo”, reconoció la fuente consultada.

 

Sobre anónimo

El viernes a la noche continuaban los allanamientos para recolectar más elementos. Una empleada de Ecom denunció que se estaba borrando información y los investigadores consiguieron la orden para allanar un domicilio. Esta y otras pistas permitieron ampliar el radio de la investigación.

Los funcionarios judiciales estaban a mitad de la investigación cuando alguien en un sobre ofreció más elementos. Si bien esa misiva no es una prueba permitió que los investigadores de la Justicia pudieran acercarse más.

 

Curiosamente en los pasillos se mencionó que hubo una vendetta contra Rey. Más concretamente que “alguien enojado llamó a la fiscalía federal para denunciar al funcionario cercano al gobernador Domingo Peppo”. En realidad un sobre enviado por un desconocido que colaboró.

 

Dentro del sobre había información muy precisa, tan precisa que llama la atención y demuestra que fue elaborada por alguien con mucho conocimiento. Curiosamente no son pocas las personas que habían anticipado estas operaciones poco claras. Es posible que alguno de ellos al ver que no hubo cambios resolviera recurrir a la Justicia.

 

Denuncia del Centro Mandela

 

El Centro Mandela DD.HH. denunció en 2014 operaciones similares a las investigadas ahora por la Justicia Federal que fueron concretadas por funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social en 2014.

 

El informe apuntaba hacia Roberto Lugo, ministro de esa cartera hasta 2015. Hoy es uno de los funcionarios que fue removido del cargo por disposición del gobernador con la finalidad de no entorpecer la investigación.

 

Las fuentes determinaron que esa investigación se sumó al expediente que hoy tendrá muchas fojas y seguirá creciendo. También se sabe que en la provincia tanto en los organismos de contralor como en la Justicia podrían existir investigaciones similares.

 

La declaración jurada

 

Desde hace unas semanas se sabía de la investigación y el mismo Rey apareció en la Justicia Federal con la declaración jurada que dio a poco de trabajar en el Estado Chaqueño. Pero lejos de aclarar levantó más sospechas dado que en menos de medio siglo de vida tiene activos por más de 2 millones de pesos y un pasivo de sólo $ 35.000. La cifra en muebles registrables supera el millón de pesos.

 

Para esas fechas otro funcionario con una gran carrera política declaró un patrimonio que equivale sólo al 50 por ciento de lo expresado por Rey. Incluso el gobernador Domingo Peppo tenía menos bienes a su nombre.

 

La misma declaración fue la prueba que usó Rey para defenderse en los círculos de Casa de Gobierno. Cada uno de los ministros o secretarios que fue consultado recibió la misma respuesta: “Estos son mis bienes”.

 

Diez investigados no pueden salir del país

En medio de los allanamientos la jueza Zunilda Niremperger decretó que 10 personas que están siendo investigadas en esta causa por lavado de dinero no podrán salir del país por al menos un mes. La medida alcanza a Héctor Horacio Rey, Hugo Orlando Rey, Susana Beatriz Fernández, Ismael Ángel Fernández, Roberto Lugo, Mónica Viviana Yaczuk, Claudia Soledad Varela, Ricardo Ariel Retamozo, Walter Rolando Retamozo y Facundo Edgardo Marcelo Gil.

 

Tres lanchas y mucha documentación secuestrada

Desde la fiscalía federal confirmaron que a la fecha se secuestraron tres de las cinco embarcaciones que dieron origen a esta investigación por lavados de activos que hoy involucra a varios funcionarios. Una de las lanchas fue vendida (aún están analizando la operación) y otra desapareció en medio de la investigación. Y hasta hay quienes dicen que en ella están navegando algunos de los imputados que no pudieron ser localizados. Todas ellas eran propiedad de Claudia Varela pero en los estrados creen que en realidad los dueños serían los allegados de Rey y de Lugo mientras que ella sólo prestó el nombre para adquirirlas. Además secuestraron varios celulares, memorias USB, CPU, discos rígidos, carpetas de documentación y cientos de facturas. Ahora comenzó la tarea de analizar todos los datos recolectados y establecer posteriormente como sigue la investigación. Algunos creen que deberían avanzar con las detenciones, pero eso aún no está definido.



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